El referente liberal y presidente de la Junta Local de Apertura Republicana, Pablo Gentilini, señaló que el gobernador “gasta miles de millones de pesos en Pauta Oficial para blindarse mediáticamente en vez de ocuparse de problemas graves que sufren a diario los vecinos y son responsabilidad de la provincia, como el estado de las Rutas 6 y 4 o la falta de efectivos policiales”.

El presidente de la Junta Local de Apertura Republicana, Pablo Gentilini, cuestionó al gobernador Axel Kicillof después que se conociera un informe detallando que en el mes de marzo la provincia de Buenos Aires destinó más de 2.350 millones de pesos a la Pauta Oficial y que gran porción de ese dinero fue girado a medios afines al kirchnerismo.

“El gobernador gasta miles de millones de pesos en pauta para blindarse mediáticamente en vez de ocuparse de los problemas graves que sufren a diario los vecinos y son responsabilidad de su gestión”, remarcó Gentilini, referente en Campana de los “Liberales en el PRO”.

En ese sentido, identificó varios inconvenientes que sufren a diario los vecinos de la ciudad y que dependen directamente de la provincia y el gobernador, “como el estado de la Ruta 6, que presenta enormes deterioros y no tiene iluminación entre Campana y Zárate; o como el calamitoso estado de la Ruta 4; o la falta de efectivos policiales para las tareas de prevención y seguridad”.

Según el informe, el gobierno provincial destinó a la Pauta Oficial $882 millones en febrero y al mes siguiente triplicó ese monto para llegar a los $2.367 millones en marzo, agotando así todo el presupuesto del que disponía el Ministerio de Comunicación Pública para este año 2024.

Además, la nota revela que los principales beneficiados son Parador Diez SA, que incluye al canal C5N y radios afines; El Destape, del ultrakirchnerista Roberto Navarro y el Grupo Crónica.

“Queda claro que Kicillof le aumentó los impuestos a los bonaerenses para financiar a los medios amigos y pelear su candidatura en la interna kirchnerista y no para ocuparse de los graves problemas que tiene la provincia”, concluyó el referente liberal que preside AR Campana.

En su segunda sesión ordinaria de mayo, el Concejo Deliberante de Campana aprobó una resolución que le solicita al gobernador que cumpla con lo establecido en la Ley 15.480.

Bajo la presidencia de Karina Sala y con la presencia de 19 concejales, este jueves se desarrolló la segunda sesión ordinaria de mayo del Honorable Concejo Deliberante de Campana.

En ese marco y sobre tablas, el cuerpo aprobó un proyecto de resolución que le solicita al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que cumpla con la Ley 15.480 y haga efectivo el pago comprometido al Municipio de Campana.

Se trata de la segunda cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal (FFFM) que el gobierno provincial debió haber depositado el pasado 30 de abril, pero que todavía no ha efectivizado, incumpliendo lo que marca la ley.

Durante esta sesión se aprobó también otro expediente sobre tablas, el cual declara de “Interés Legislativo” el proyecto de construcción de un molino triturador de plásticos impulsado por alumnos de la Escuela Técnica N° 1 “Luciano Reyes”.

Además, también fueron convalidados otros 16 proyectos que ya contaban con despacho de comisión.

Previamente, en el inicio de la sesión, la concejal Andrea Marina Molina prestó juramento y se incorporó al cuerpo como integrante del bloque Juntos por el Cambio.

Carlos Castillo aseguró que finalizó su suspensión, que está “en funciones plenas como dirigente sindical” y detalló las acciones legales que inició para reclamar la nulidad de la sanción y denunciar que la conducción del gremio incumplió con el Estatuto y avanzó con múltiples irregularidades.

Este miércoles, al cumplirse el plazo de la sanción que le impuso la Comisión Directiva, Carlos Castillo se presentó en la sede del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, pero no obtuvo ninguna respuesta: el edificio de la calle Moreno se encontraba cerrado y, según reveló, ninguno de sus llamados y mensajes fue respondido por el Secretario General, Daniel Ibarra.

En ese marco, Castillo brindó una conferencia de prensa en la que detalló las acciones legales que inició ante la Dirección de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo de la Nación para reclamar la nulidad de la sanción y denunciar que la conducción del gremio incumplió con el Estatuto y avanzó sobre su persona con múltiples irregularidades en diferentes procesos, incluyendo la elección de la Comisión Interna de la refinería Axion.

“Entiendo que les molesto a muchos, porque siempre trabajé por y para los trabajadores”, señaló Castillo, quien aseguró que la conducción del Sindicato “no tiene ningún tipo de pruebas” para justificar la suspensión de 70 días que se le impuso el pasado 5 de marzo.

Cumplido ese plazo, el Secretario Adjunto reclamó “el acceso a la sede para poder cumplir funciones plenas como dirigente sindical” y también exigió que el gremio realice “la notificación formal a todas las empresas de la zona de la finalización de su suspensión”, de la misma manera que lo habían hecho en marzo para informarla.

“Han actuado por fuera de todo marco legal, desconociendo el estatuto y realizando reuniones clandestinas. Pero yo hoy no tengo que pedirle permiso a nadie porque soy el Secretario Adjunto del Sindicato del Petróleo y Gas Privado”, enfatizó Castillo.

Además, también comentó que el gremio no convocó a la Asamblea Extraordinaria solicitada por un importante grupo de trabajadores que reunió firmas para ello.

Finalmente, también denunció acciones de “connivencia” entre el Secretario General y la compañía Pan American Energy para que su salario se vea afectado en más de un 30%. “Encima, casualmente, por supuestos problemas de la tecnología, no puedo descargar mi recibo de haberes”, agregó sobre esta situación que definió como de “persecución y hostigamiento”.