La organización produjo un informe sobre la utilización de ese programa en el marco de la cuarentena por la pandemia del coronavirus

Amnistía Internacional (AI) volvió a expresar sus preocupaciones en torno a la utilización de la aplicación Cuidar, implementada por el Gobierno de Alberto Fernández en el marco de la pandemia del coronavirus en Argentina. En un informe titulado “Los riesgos de la App Cuidar: algunas preocupaciones de derechos humanos”, la organización resaltó que “la protección de datos personales y la privacidad son algunas de las preocupaciones de derechos humanos que Amnistía Internacional plantea”.

“Desde su puesta en funcionamiento, el gobierno hizo una serie de ajustes tanto en el diseño como en sus Términos y Condiciones (TyC) para mejorar algunos aspectos que dispararon la preocupación de la sociedad civil. Tras concluir el análisis de la aplicación, Amnistía Internacional dialogó y le acercó a la Secretaría de Innovación Pública sus recomendaciones. Las devoluciones y cambios generados a partir de este intercambio fueron incorporadas en el documento”, destacó la organización en un comunicado.

En tanto, Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, consideró: “Sabemos del enorme esfuerzo que se está haciendo para contener a la pandemia y valoramos el diálogo con las autoridades así como los cambios implementados luego de escuchar nuestras preocupaciones. Sin embargo, seguimos con algunas inquietudes como el acceso a datos sensibles de salud, sumado a la falta de transparencia sobre cómo esta información es almacenada y utilizada”.

Por otro lado, el comunicado de prensa en el que Amnistía Internacional difundió el informe sostuvo que, respecto de los datos de salud de los usuarios, “esta información personal, privada y sensible debe recibir protección especial. La ley de Protección de Datos Personales exige una ley que autorice expresamente su recolección y tratamiento, y la preservación de la identidad de sus titulares. Sin embargo, en el caso de Cuidar, esta ley requerida no existe y la identificación (es decir, la revelación de la identidad del usuario o de la usuaria) es un requisito necesario para poder utilizar la app”.

“El gobierno, entonces, debería ser capaz de demostrar técnicamente y de forma transparente que es imposible desanonimizar los datos sensibles recogidos. Sin embargo, en el caso de Cuidar, además, el Estado exige a los usuarios y usuarias realizarse un autodiagnóstico de síntomas antes de tramitar el permiso de circulación. Esta exigencia es prescindible ya que cualquier persona puede tramitar el permiso de circulación a través de la página web sin que se le solicite información sobre su salud”, agregó el informe.

Por otro lado, AI destacó que “preocupa cómo los datos recolectados son almacenados y tratados. Si bien se reconoce que el gobierno ha publicado el código fuente de la app, todavía no se conoce el código del ‘backend’ (lo que permitiría analizar cómo los datos son almacenados y tratados), y tampoco hay información pública sobre las garantías de protección y seguridad de los datos sensibles recolectados que permitan el control externo e independiente”.

En tanto, la organización explicó que “la exigencia de que las personas cuenten con determinada documentación, tecnología y conectividad para el acceso a derechos afecta a la igualdad y a la no discriminación. Muchos no cuentan con el conocimiento o la tecnología necesaria para descargar y usar la app o realizar el trámite online, lo que los excluye de la posibilidad de acceder a los mismos derechos”.

En otro apartado del estudio, AI señaló que “el Security Lab (laboratorio de seguridad) de Amnistía Internacional examinó aplicaciones de distintas partes del mundo, algunas de las cuales son peligrosas para los derechos humanos. Las apps de rastreo de contactos de Bahréin, Kuwait y Noruega figuran entre las más alarmantes ya que utilizan sistemas centralizados que captan los datos de ubicación de los usuarios por medio del GPS y los suben a un servidor central. La app de Qatar fue considerada una de las más preocupantes ya que sumaba la imposición del uso obligatorio por parte del gobierno y tenía un alto nivel de vulnerabilidad en su seguridad, una combinación que dejó expuestos datos personales sensibles de más de un millón de personas”.

Por último, el informe concluye: “Amnistía Internacional pide al Estado que en la medida que implemente tecnología para combatir la crisis sanitaria de COVID-19 incorpore las salvaguardas necesarias para demostrar que respeta plenamente los derechos humanos”.

“La organización sostiene y recuerda que los derechos humanos no son un obstáculo para el progreso, sino que, por el contrario, son esenciales y ayudan a construir confianza en la tecnología para que sea efectiva y pueda desempeñar un papel significativo en esta crisis”, cerró el comunicado.