Tras la suspensión de los aumentos de las cuotas, las principales empresas del sector aseguran que no podrán garantizar la prestación a sus afiliados. Creen que el Instituto Patria promueve un proyecto al que comparan con la estatización de las AFJP. En medio de la crisis, un funcionario terminó internado

Ginés Mario González García ya había dado por terminado el año. Creía que la firma de la resolución 2987 del Ministerio de Salud que autorizaba a las prepagas a aumentar un 7% las tarifas a partir de febrero y había sido publicada en el Boletín Oficial del 31 de diciembre sería su último acto de Gobierno del 2020. Pero el jueves al mediodía, cuando se aprestaba a preparar los festejos de Año Nuevo junto a su familia, recibió un llamado telefónico que alteró sus planes.

Resignado, el funcionario activó a su equipo y en tiempo récord firmó otra resolución -2988- para dejar sin efecto lo que había dispuesto hacía pocas horas. El argumento para explicar la marcha atrás fue oficializado en un suplemento especial del Boletín Oficial publicado el 31 de diciembre por la tarde e indicaba: “Por expresa decisión del Sr. Presidente de la Nación se procede a suspender los incrementos que fueran autorizados a las entidades de Medicina Prepaga y a los Agentes del Seguro de Salud”. Pero como suele suceder con la mayoría de los actos de gobierno, el fundamento expresado en la norma poco tiene que ver con lo que realmente sucedió.

La historia comenzó los primeros días de diciembre. El Gobierno había habilitado un ajuste en las cuotas que finalmente quedó stand by. Ese traspié habilitó una negociación de varias semanas que tuvo como protagonista no sólo a González García, sino también al superintendente de Servicios de la Salud, Eugenio Daniel Zanarini. El diálogo había sido complejo, principalmente porque se trata de un sector de la economía cuyos ingresos -regulados por el Estado- estuvieron muy por detrás de la inflación en 2020, el año que tuvo a Salud como protagonista por la pandemia de coronavirus. Pese a las diferencias, los funcionarios saben que el 70% de la población del país se atiende en el sistema de salud privado y que la decisión de discontinuar la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y otros subsidios vinculados a la pandemia provocaron un daño en las finanzas deficitarias de las compañías.

Luego de esas discusiones acaloradas, los referentes de las principales compañías tenían una promesa que no los convencía, pero que creían que se cumpliría de acuerdo a lo que les habían adelantado los funcionarios del área: que a partir de febrero podrían aumentar sus cuotas un 7% y luego seguirían negociando para encontrar un punto de entendimiento. El propio presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, estaban al tanto de lo que sucedería y habían habilitado la suba. Sin embargo, luego de que se publicara la primera última resolución del año del Ministerio de Salud, algo se quebró en la cúpula del poder político que impulsó al jefe de Estado a suspender sus efectos.

Quienes conocen los entretelones del culebrón, le atribuyen la marcha atrás a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien opuso una resistencia inflexible en una conversación telefónica con el Presidente, que en rigor habría tenido poco de conversación. “Fue casi un monólogo que terminó en forma abrupta”, reconocen en el entorno de ambos. Su posición podría tener algún tipo de explicación económica en un 2021 difícil en materia de inflación para el Gobierno: analistas revelados por el Banco Nación pronosticaron una suba de precios superior al 50 por ciento. Pero en realidad, las explicaciones están mucho más cerca de la política que de la economía.

La ex presidente tiene en la mira a las empresas de la salud y no lo oculta. Recientemente, en un acto organizado por Axel Kicillof en La Plata del que también participó Alberto Fernández, CFK aseguró que uno de los desafíos del 2021 será “repensar” todo el sistema. “Nuestro país debe ser en toda Latinoamérica el que más recursos humanos, tecnológicos e inversiones tenga en materia de salud. Lo que pasa es que lo tenemos dividido en tres sistemas: público, privado y obras sociales. Vamos a tener que repensar un sistema de salud integrado”, señaló. Y agregó: “Tenemos que repensar no solamente el sistema sanitario, sino un diseño de país que olvide esa concentración tan injusta e ineficiente económicamente”.

¿Qué significa eso en términos prácticos? Quien seguramente tiene la respuesta es el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, que trabaja en un proyecto de reforma cuyo borrador ya recorrió las oficinas principales del Instituto Patria. Los empresarios de la salud están convencidos de que la iniciativa retoma el espíritu de un decreto de necesidad y urgencia que había promovido el Poder Ejecutivo en el inicio de la pandemia y luego fue desestimado que declaraba de interés público todos los recursos sanitarios del país.

“A nosotros nadie nos ha llamado. Atendemos a más de 30 millones de argentinos y no hemos tenido una sola reunión en la que nos expliquen cuál es su proyecto de reforma. Creemos que tenemos una buena oportunidad para aportar ideas y esperamos que se nos convoque”, aseguraban este fin de semana desde una de las cámaras. Otros empresarios son más escépticos: “Cuando la vicepresidenta habla de la reforma del sistema de salud, los afiliados a la medicina privada deberían preocuparse”.

Fuentes del mercado estiman que está en juego un negocio que mueve $800 mil millones anuales. Por la magnitud de la cifra, algunos comparan el plan con la estatización de las AFJP dispuesta por Cristina Kirchner durante su presidencia a raíz de una idea de Amado Boudou, hoy condenado por el caso Ciccone.

La movida podría impactar de lleno en las obras sociales, caja de muchos sindicatos. Por eso, algunos comienzan a preguntarse cuál será la reacción de los dirigentes gremiales en caso de que avanzara la creación de un Sistema Único de Salud. Héctor Daer, secretario general de Sanidad, por ahora mira en silencio.

La segunda última resolución del Ministerio de Salud del 2020 provocó una crisis sin antecedentes en los cimientos de la salud privada de la Argentina. Algunos no dudan en llamarla “la 125 de la salud”, en alusión a la norma que desató el conflicto con el campo en 2008. Tal fue el tenor del cimbronazo, que el superintendente Zanarini no pudo festejar el Año Nuevo con su familia porque terminó internado en terapia intensiva con un grave problema de salud. Este fin de semana todavía se recuperaba en una conocida clínica del barrio porteño de Flores.

Zanarini se sumó así a una tradición de los funcionarios argentinos, que suelen elegir el sistema privado cada vez que tienen un problema de salud. Por ejemplo, en mayo de 2020, Ginés González García se atendió en el Sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires por un hematoma subdural. En julio, Luis D’Elía -referente kirchnerista y líder de la Federación de Tierra y Vivienda- dio positivo de coronavirus y se internó en ese mismo sanatorio, ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

El presidente Alberto Fernández también optó por el Sanatorio Otamendi cuando era candidato a presidente y debió ser internado para un control médico, donde se le detectó un cuadro de “inflamación pleural”.

Mauricio Macri recurrió a los servicios del sistema privado de salud en 2017, cuando ejercía como presidente, para una operación de rodilla que se realizó en el Sanatorio Agote.

Cristina Fernández de Kirchner eligió al Hospital Austral de Pilar para su operación de tiroides en enero de 2012 y el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro para una intervención por un hematoma subdural crónico en 2013. Un año antes, su hijo, el diputado Máximo Kirchner, también se operó en el Hospital Austral por un problema en una de sus rodillas.

En 2004, un año después de asumir como presidente, Néstor Kirchner creó la Unidad de Atención Presidencial (UAP) en el hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, el centro público de mayor complejidad del país situado en el barrio de La Boca. Sin embargo, el ex presidente la utilizó solo una vez. Las dos intervenciones cardiovasculares de Kirchner en febrero y septiembre de 2010 —por la obstrucción de la carótida derecha primero y para colocarle un stent después— se realizaron en el sanatorio privado Los Arcos.

Un 2021 complicado

A partir de las últimas novedades, se intensificaron las reuniones de las cámaras de la salud privada, integradas a la Unión Argentina de Salud (UAS). En el último encuentro, uno de los directivos se quejó por la falta de un interlocutor válido en el Gobierno e ironizó: “Quizás a partir de ahora tengamos que dejar de ir a Casa de Gobierno y dirigirnos directamente al Instituto Patria”.

Los ejecutivos se apoyan en presunciones: “El 30 de diciembre nos otorgaron un aumento absolutamente insuficiente del 7% con una inflación cercana al 45 por ciento. Horas después, a través de otra resolución y por ‘expresa instrucción del Presidente Alberto Fernández’ se ordenó la suspensión del aumento. Cuando es necesario aclarar que fue por orden del Presidente, uno empieza a dudar quién es el Presidente”, dicen enojados.

Lo concreto es que están convencidos de que será muy difícil enfrentar un rebrote de coronavirus en la Argentina bajo estas circunstancias. Dicen que se encuentran bajo un ahogo financiero y que los rumores de una posible reforma generan mayor incertidumbre. “No todas somos grandes empresas. Primero caeremos los más chicos, después los medianos y, finalmente, también caerán las grandes”, analizan por lo bajo. Los voceros habituales de la Unión Argentina de Salud por ahora evitaron hacer declaraciones públicas a la espera de las reuniones que tienen agendadas para esta semana.

En algunos sectores del Gobierno, la situación también es observada con preocupación. Frente a la amenaza de una nueva ola de COVID y sin margen de maniobra por la irrupción de CFK en la gestión de uno de los temas más sensibles para los argentinos, el debate interno de la coalición comienza a exacerbarse.