El dirigente piquetero Luis D’Elía convocó a movilizar este martes en defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner, para acompañarla en el día que se conocerá la sentencia de la causa conocida como “vialidad”. “Hay tanta indignación que mañana la gente va a pasar por arriba de los dirigentes”, manifestó.

“El pueblo argentino tiene que pasar por arriba de los dirigentes que no entienden qué carajo está pasando. Mañana tiene que estar el pueblo en la calle bancando a Cristina y repudiando a la Corte, a estos jueces, y repudiando el lawfare”, sostuvo D’Elía.

El jefe de Estado instruyó al Ministerio de Justicia para que impulse las acciones penales correspondientes para determinar si se cometió algún delito.

El presidente Alberto Fernández anunció a través de cadena nacional que instruyó al Ministerio de Justicia para que se presente ante el Ministerio Público Fiscal a fin de que se investigue penalmente un viaje que habrían realizado jueces, fiscales, funcionarios y empresarios de medios a Lago Escondido, en Bariloche, a mediados en octubre de este año.

Los detalles del viaje al sur del país habían sido revelados por el diario Página 12.

El mensaje completo del Presidente

Desde el inicio de mi gestión he advertido sobre la existencia de sótanos que la Argentina fue sosteniendo a lo largo de los años. Me comprometí a eliminarlos para garantizar una democracia más plena, profunda y auténtica.

Pusimos fin a los operadores y mesas judiciales. Los servicios de inteligencia dejaron de deambular por pasillos de los tribunales. Las escuchas de opositores al poder de turno del Estado desaparecieron por completo. Los órganos de fiscalización y recaudación estatales no volvieron a usarse en perjuicio de eventuales críticos al gobierno.

Todo ese esfuerzo se vuelve vano cuando los factores de poder influyen negativamente sobre las estructuras del Estado. Argentina necesita de una vez y para siempre de funcionarios honestos, jueces probos y empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros.

Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, ex funcionarios públicos y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, hasta Lago Escondido. Allí, habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia.

Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido.

Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan.

Todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la administración de justicia.

No dejo de advertir que lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quien financió el traslado y hospedaje de los viajantes. Ese hecho se habría verificado con antelación al momento en el que los integrantes del grupo “Operación Página 12″ se inquietaran por la difusión de la noticia y dialogaran en ese sitio digital buscando quedar impunes.

He decidido dar este mensaje desde la Casa Rosada, porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido.

Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia ver la promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas.

Convencido de que debemos decir “Nunca Más” a las prácticas que dañan la institucionalidad de la República, he resuelto:

1) Instruir al Ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de solicitar se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, lo relacionado a su financiamiento.

2) Instruir al representante del PEN ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales.

3) Solicitar al Bloque de Legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados.

4) Una vez más, solicitar al Congreso de la Nación que avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación

Muchas gracias.

El veredicto que el próximo martes dará a conocer el Tribunal Oral Federal 2 en el juicio oral por la obra pública en Santa Cruz presenta una serie de preguntas sobre el futuro judicial y político de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, la principal acusada en la causa. 

Una de las mayores dudas ante la sentencia de Cristina Kirchner, es si puede ir presa si es condenada.

¿Si Cristina Kirchner es condenada va a ir presa?

No. En principio porque como vicepresidenta de la Nación tiene fueros de inmunidad de arresto y para que se los quiten debe pasar por un juicio político. Y además porque para que una eventual detención se de la sentencia debe quedar firme para que comience a cumplirse y para eso debe pasar por otras instancias judiciales. Por otra parte, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola cuando pidieron condena para Cristina Kirchner no solicitaron su detención.

¿En qué momento una eventual condena queda firme y la empieza a cumplir?Cuando la Corte Suprema intervenga en el caso. Esa es la última instancia de toda causa judicial. Si el máximo tribunal ratifica la condena ahí comienza a ejecutarse. Allí se abren otros interrogantes. Uno es qué ocurre si Cristina Kirchner tiene fueros por algún cargo electivo que esté cumpliendo. Para eso la Constitución contempla el juicio político para lo que se requiere una mayoría especial de votos por parte del Congreso de la Nación.

¿Qué ocurre si la condena queda firme y Cristina Kirchner tiene fueros?

En ese caso se deberá iniciar el proceso de juicio político para que le quiten los fueros. Allí la discusión sería política y el oficialismo y la oposición medirán fuerzas para determinar si están los votos para obtener el desafuero.

¿Puede obtener una prisión domiciliaria?

Cristina Kirchner cumplirá 70 años el próximo 19 de febrero. La ley establece que a partir de esa edad se puede solicitar la prisión domiciliaria. Pero no es automático. La norma dice que el juez “podrá” otorgar esa modalidad de detención. De hecho hay personas de menos de 70 años en prisión domiciliaria por problemas de salud o mayores de edad que están detenidos en una prisión.

¿Si es condenada perderá su cargo de vicepresidenta y el año que viene puede ser candidata en las elecciones?

No. Una condena no afecta ni su actual cargo ni tampoco una candidatura para el 2023. Uno de los delitos por el que la Fiscalía pidió que sea condenada contempla como pena la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Pero ocurre lo mismo que con una detención: la sentencia debe quedar firme. Respecto de una candidatura Cristina Kirchner cuenta con el antecedente del ex presidente Carlos Menem. Para las elecciones de 2017 Menem tenía una condena por la venta de armas a Croacia y Ecuador y se pidió su inhabilitación para que pueda postularse para ser reelecto senador nacional por La Rioja. Pero la Corte Suprema avaló que vaya a elecciones porque la condena no estaba firme.

¿Alberto Fernández puede indultar a Cristina Kirchner si es condenada?

Si. La Constitución Nacional establece que el indulto o la conmutación de penas es una facultad del Presidente de la Nación. Inclusive la Corte Suprema en otros casos avaló que se puede indultar sin que la condena esté firme. La Constitución también establece que no podrán ser indultados ni sus penas conmutadas quienes sean condenados por delitos “contra el orden institucional y el sistema democrático”. Y para algunos juristas eso incluye delitos de corrupción. Sin embargo, el propio Alberto Fernández dijo públicamente que no cree en los indultos. “Si algún estúpido piensa que voy a indultar a alguien, no lo voy a hacer. Descreo de los indultos, es una rémora de la monarquía. Los presidentes no están para perdonar a nadie”, dijo en mayo de 2019 cuando era precandidato a presidente y comenzaba el juicio por la obra pública.

¿Qué ocurre si es absuelta?

Seguirá con su estado de inocencia como hasta ahora y se abrirán las instancias para que la Fiscalía pueda apelar.

¿Qué puede hacer el fiscal ante una absolución cuando en el juicio pidió que sea condenada?

En ese caso la Fiscalía puede apelar la decisión del Tribunal Oral Federal 2 para que sea revisada por una instancia superior. Si es condenada, lo mismo hará su defensa y pedirá la absolución. En el juicio participó la Unidad de Información Financiera (UIF) -un organismo del gobierno nacional- como querellante, un acusador privado. Los abogados de la UIF no pidieron que la vicepresidenta sea condenada por lo que si es absuelta no apelarán la sentencia.

¿Cuáles son las siguientes instancias y los tiempos para revisar el fallo del Tribunal Oral?

Después del fallo del Tribunal Oral interviene la Cámara Federal de Casación Penal. Ese tribunal al recibir la sentencia debe fijar una fecha de audiencia para escuchar los argumentos de las partes. Después de eso, la ley establece que tiene 20 días hábiles para resolver el caso. Lo que resuelva Casación se puede apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la última instancia judicial del país, que no tiene plazos para resolver. Es difícil establecer tiempos porque en el medio hay distintos plazos procesales. Un ejemplo: el fallo del tribunal oral recién va a poder ser apelado en marzo o abril del año que viene cuando se den a conocer los fundamentos. Lo que es seguro es que en el 2023 de elecciones presidenciales el caso no esté cerrado.

¿Quiénes son los jueces que intervendrán en las próximas instancias de la causa?

En la Cámara de Casación interviene la Sala IV que hoy está integrada por los magistrados Mariano Borisnky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Los dos primeros jueces son muy criticados por el oficialismo y fueron denunciados porque visitaban a Mauricio Macri en la quinta de Olivos y en la Casa Rosada cuando era presidente de la Nación y tenían causas importantes para resolver, como la de obra pública. Inclusive Borinsky jugada al paddle con Macri. Los integrantes de la Corte Suprema son Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. Se trata de magistrados que desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández son criticados por el oficialismo por distintos fallos, entre ellos de la causa de la obra pública.

¿Qué dijo la Corte Suprema cuando tuvo el expediente?

El máximo tribunal intervino en la causa en junio pasado cuando rechazó todos los planteos de las defensas, entre ellas los de Cristina Kirchner, que objetaban y pedían la nulidad del juicio oral. En esas resoluciones, la Corte Suprema señaló que las defensas no justificaron la gravedad institucional que planteaban.