La normativa, sancionada el 13 de abril pasado en la Cámara de Senadores por unanimidad, establece la prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes.

Lo hizo a través del Decreto 253/2023, publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

La nueva Ley 27709 establece la creación de un Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de las niñas, niños y adolescentes.

El Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes “estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, según reza el artículo 2.

Además, se aclara en el texto que podrán también ser destinatarios del plan agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la autoridad de aplicación de la ley.

La norma fue aprobada y convertida en ley el 13 de abril pasado en la Cámara de Senadores por unanimidad. 

Ley Lucio: los principales puntos

La nueva legislación dispone que haya capacitaciones obligatoriaspara todas las personas que ejercen la función pública en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y, no cumplir con esta instrucción, se considerará una falta grave.

A su vez, establece que el Ejecutivo y el Judicial actuarán articuladamente para la creación de un protocolo que establezca las formas de actuar de las fuerzas de seguridad, organismos de la niñez y jueces con competencia en familia, con el objetivo de unificar los criterios de actuación a nivel nacional y provincial.

Y dispone que el Estado deberá realizar campañas de concientización semestrales que ayuden a detectar y prevenir el maltrato y violencia contra niños, niñas y adolescentes, y dónde denunciarlo. Y prevé la obligatoriedad de la implementación de la Línea 102 en todo el territorio argentino para la promoción de derechos de las infancias y la atención gratuita.

Otra de las herramientas que incorpora la ley es la reserva de identidad, que protege a aquellas personas, que con conocimiento de alguna situación de maltrato infantil, realizan la denuncia.

La autoridad de aplicación de la ley será la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. También la Secretaría será la encargada de producir los contenidos del Plan Federal de Capacitación, en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (Cofenaf).