La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una compleja organización que se dedicaba a falsificar agroquímicos de la más alta calidad para venderlos en el mercado interno y en los países limítrofes de Bolivia y Brasil, a través de presuntas maniobras de contrabando, indicaron fuentes del caso.

La causa comenzó a fines del 2022, cuando apoderados de la reconocida empresa SYNGENTA AGRO denunciaron haber tomado conocimiento de la venta de fungicidas con etiquetas falsificadas. Según trascendió, habían detectado publicaciones a través de distintas redes sociales y plataformas de pago sobre la venta de productos de esa marca.

Luego de realizar algunas compras, se pudo certificar que las etiquetas y el producto químico eran apócrifos y potencialmente dañinos para la salud.

Poco tiempo antes, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, había recibido la denuncia de un productor agropecuario de la zona Norte de la provincia de Buenos Aires, por lo que la nueva causa recayó en su juzgado.

González Charvay delegó la investigación a la División Antifraude, especialista en delitos marcarios dentro de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA.

Tras ocho meses de investigación, los detectives siguieron el rastro de los vendedores de productos falsos y lograron articular, con colaboración del Departamento Delitos Ambientales, una compleja investigación interprovincial, donde se llevaron a cabo tareas encubiertas en las provincias de Salta Fe, Córdoba, Catamarca, Misiones, Tucumán y Salta.

En los procedimientos se incautaron más de 1.400 litros de agroquímicos de distintas calidades, todos ellos de dudosa procedencia y con etiquetas aparentemente de fabricación casera, por lo que el material será sometido a distintas pericias.

Las fuentes estiman que el valor del producto incautado supera los $40.000.000 y, teniendo cuenta que mayoría de los productos fue secuestrado en zona fronteriza, en la localidad de Profesor Salvador Mazza, se presume que eran acopiados allí con fines de contrabando.

Según informaron las fuentes consultadas, es una investigación pionera en su tipo y siete personas fueron imputadas por Infracción a la Ley 22.362 (Marcas y Designaciones), aunque sus identidades se mantienen bajo absoluta reserva