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Causa Vialidad: Mañana se conocerá la sentencia contra Cristina Kirchner

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El veredicto que el próximo martes dará a conocer el Tribunal Oral Federal 2 en el juicio oral por la obra pública en Santa Cruz presenta una serie de preguntas sobre el futuro judicial y político de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, la principal acusada en la causa. 

Una de las mayores dudas ante la sentencia de Cristina Kirchner, es si puede ir presa si es condenada.

¿Si Cristina Kirchner es condenada va a ir presa?

No. En principio porque como vicepresidenta de la Nación tiene fueros de inmunidad de arresto y para que se los quiten debe pasar por un juicio político. Y además porque para que una eventual detención se de la sentencia debe quedar firme para que comience a cumplirse y para eso debe pasar por otras instancias judiciales. Por otra parte, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola cuando pidieron condena para Cristina Kirchner no solicitaron su detención.

¿En qué momento una eventual condena queda firme y la empieza a cumplir?Cuando la Corte Suprema intervenga en el caso. Esa es la última instancia de toda causa judicial. Si el máximo tribunal ratifica la condena ahí comienza a ejecutarse. Allí se abren otros interrogantes. Uno es qué ocurre si Cristina Kirchner tiene fueros por algún cargo electivo que esté cumpliendo. Para eso la Constitución contempla el juicio político para lo que se requiere una mayoría especial de votos por parte del Congreso de la Nación.

¿Qué ocurre si la condena queda firme y Cristina Kirchner tiene fueros?

En ese caso se deberá iniciar el proceso de juicio político para que le quiten los fueros. Allí la discusión sería política y el oficialismo y la oposición medirán fuerzas para determinar si están los votos para obtener el desafuero.

¿Puede obtener una prisión domiciliaria?

Cristina Kirchner cumplirá 70 años el próximo 19 de febrero. La ley establece que a partir de esa edad se puede solicitar la prisión domiciliaria. Pero no es automático. La norma dice que el juez “podrá” otorgar esa modalidad de detención. De hecho hay personas de menos de 70 años en prisión domiciliaria por problemas de salud o mayores de edad que están detenidos en una prisión.

¿Si es condenada perderá su cargo de vicepresidenta y el año que viene puede ser candidata en las elecciones?

No. Una condena no afecta ni su actual cargo ni tampoco una candidatura para el 2023. Uno de los delitos por el que la Fiscalía pidió que sea condenada contempla como pena la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Pero ocurre lo mismo que con una detención: la sentencia debe quedar firme. Respecto de una candidatura Cristina Kirchner cuenta con el antecedente del ex presidente Carlos Menem. Para las elecciones de 2017 Menem tenía una condena por la venta de armas a Croacia y Ecuador y se pidió su inhabilitación para que pueda postularse para ser reelecto senador nacional por La Rioja. Pero la Corte Suprema avaló que vaya a elecciones porque la condena no estaba firme.

¿Alberto Fernández puede indultar a Cristina Kirchner si es condenada?

Si. La Constitución Nacional establece que el indulto o la conmutación de penas es una facultad del Presidente de la Nación. Inclusive la Corte Suprema en otros casos avaló que se puede indultar sin que la condena esté firme. La Constitución también establece que no podrán ser indultados ni sus penas conmutadas quienes sean condenados por delitos “contra el orden institucional y el sistema democrático”. Y para algunos juristas eso incluye delitos de corrupción. Sin embargo, el propio Alberto Fernández dijo públicamente que no cree en los indultos. “Si algún estúpido piensa que voy a indultar a alguien, no lo voy a hacer. Descreo de los indultos, es una rémora de la monarquía. Los presidentes no están para perdonar a nadie”, dijo en mayo de 2019 cuando era precandidato a presidente y comenzaba el juicio por la obra pública.

¿Qué ocurre si es absuelta?

Seguirá con su estado de inocencia como hasta ahora y se abrirán las instancias para que la Fiscalía pueda apelar.

¿Qué puede hacer el fiscal ante una absolución cuando en el juicio pidió que sea condenada?

En ese caso la Fiscalía puede apelar la decisión del Tribunal Oral Federal 2 para que sea revisada por una instancia superior. Si es condenada, lo mismo hará su defensa y pedirá la absolución. En el juicio participó la Unidad de Información Financiera (UIF) -un organismo del gobierno nacional- como querellante, un acusador privado. Los abogados de la UIF no pidieron que la vicepresidenta sea condenada por lo que si es absuelta no apelarán la sentencia.

¿Cuáles son las siguientes instancias y los tiempos para revisar el fallo del Tribunal Oral?

Después del fallo del Tribunal Oral interviene la Cámara Federal de Casación Penal. Ese tribunal al recibir la sentencia debe fijar una fecha de audiencia para escuchar los argumentos de las partes. Después de eso, la ley establece que tiene 20 días hábiles para resolver el caso. Lo que resuelva Casación se puede apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la última instancia judicial del país, que no tiene plazos para resolver. Es difícil establecer tiempos porque en el medio hay distintos plazos procesales. Un ejemplo: el fallo del tribunal oral recién va a poder ser apelado en marzo o abril del año que viene cuando se den a conocer los fundamentos. Lo que es seguro es que en el 2023 de elecciones presidenciales el caso no esté cerrado.


¿Quiénes son los jueces que intervendrán en las próximas instancias de la causa?

En la Cámara de Casación interviene la Sala IV que hoy está integrada por los magistrados Mariano Borisnky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Los dos primeros jueces son muy criticados por el oficialismo y fueron denunciados porque visitaban a Mauricio Macri en la quinta de Olivos y en la Casa Rosada cuando era presidente de la Nación y tenían causas importantes para resolver, como la de obra pública. Inclusive Borinsky jugada al paddle con Macri. Los integrantes de la Corte Suprema son Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. Se trata de magistrados que desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández son criticados por el oficialismo por distintos fallos, entre ellos de la causa de la obra pública.

¿Qué dijo la Corte Suprema cuando tuvo el expediente?

El máximo tribunal intervino en la causa en junio pasado cuando rechazó todos los planteos de las defensas, entre ellas los de Cristina Kirchner, que objetaban y pedían la nulidad del juicio oral. En esas resoluciones, la Corte Suprema señaló que las defensas no justificaron la gravedad institucional que planteaban.

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“Hoy vuelvo a ser el Secretario Adjunto del Sindicato de Petroleros de Campana”

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Carlos Castillo aseguró que finalizó su suspensión, que está “en funciones plenas como dirigente sindical” y detalló las acciones legales que inició para reclamar la nulidad de la sanción y denunciar que la conducción del gremio incumplió con el Estatuto y avanzó con múltiples irregularidades.

Este miércoles, al cumplirse el plazo de la sanción que le impuso la Comisión Directiva, Carlos Castillo se presentó en la sede del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, pero no obtuvo ninguna respuesta: el edificio de la calle Moreno se encontraba cerrado y, según reveló, ninguno de sus llamados y mensajes fue respondido por el Secretario General, Daniel Ibarra.

En ese marco, Castillo brindó una conferencia de prensa en la que detalló las acciones legales que inició ante la Dirección de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo de la Nación para reclamar la nulidad de la sanción y denunciar que la conducción del gremio incumplió con el Estatuto y avanzó sobre su persona con múltiples irregularidades en diferentes procesos, incluyendo la elección de la Comisión Interna de la refinería Axion.

“Entiendo que les molesto a muchos, porque siempre trabajé por y para los trabajadores”, señaló Castillo, quien aseguró que la conducción del Sindicato “no tiene ningún tipo de pruebas” para justificar la suspensión de 70 días que se le impuso el pasado 5 de marzo.

Cumplido ese plazo, el Secretario Adjunto reclamó “el acceso a la sede para poder cumplir funciones plenas como dirigente sindical” y también exigió que el gremio realice “la notificación formal a todas las empresas de la zona de la finalización de su suspensión”, de la misma manera que lo habían hecho en marzo para informarla.

“Han actuado por fuera de todo marco legal, desconociendo el estatuto y realizando reuniones clandestinas. Pero yo hoy no tengo que pedirle permiso a nadie porque soy el Secretario Adjunto del Sindicato del Petróleo y Gas Privado”, enfatizó Castillo.

Además, también comentó que el gremio no convocó a la Asamblea Extraordinaria solicitada por un importante grupo de trabajadores que reunió firmas para ello.

Finalmente, también denunció acciones de “connivencia” entre el Secretario General y la compañía Pan American Energy para que su salario se vea afectado en más de un 30%. “Encima, casualmente, por supuestos problemas de la tecnología, no puedo descargar mi recibo de haberes”, agregó sobre esta situación que definió como de “persecución y hostigamiento”.

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Abella e intendentes PRO le reclamaron a Kicillof que cumpla con la ley y mande los fondos anunciados

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Se trata de una cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal, cuyo depósito todavía no ha sido efectivizado a Campana y los Municipios gobernados por el PRO. “En vez de hacer shows mediáticos, el gobernador debe cumplir con la Ley y gestionar para todos los bonaerenses”, señaló Abella.

El intendente Sebastián Abella, junto a otros intendentes bonaerenses del PRO, le reclamaron este martes al gobernador Axel Kicillof que cumpla con la Ley 15.480 y haga efectivo el pago de lo comprometido por la Provincia para con los 135 municipios en el artículo 32 de dicha norma.

Se trata de la segunda cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal (FFFM), que debió depositarse el pasado 30 de abril y que, en ciudades como Campana, todavía no ha sido efectivizada, a pesar de lo manifestado por el propio Kicillof en el acto que encabezó este lunes en La Plata. El dinero si fue depositado en comunas kirchneristas.

“En vez de hacer shows mediáticos, el gobernador debe cumplir con la Ley y gestionar para todos los bonaerenses, no solamente para aquellos que viven en distritos gobernados por su partido político”, señaló Abella.

“No es necesario concurrir a ningún acto político ni firmar ningún convenio para que se depositen los recursos comprometidos”, agregó el jefe comunal, quien cuestionó a Kicillof por “preocuparse más por la interna kirchnerista y los posicionamientos políticos partidarios que por los 135 municipios bonaerenses”.

El FFFM está determinado por la Ley 15.480, que establece la transferencia desde la Provincia hacia los Municipios de fondos no reintegrables y de libre disponibilidad a partir del Coeficiente Único de Distribución (CUD).

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Abella mantuvo un encuentro de trabajo con el intendente de Escobar

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El jefe comunal se reunió con Ariel Sujarchuk para analizar temas de gestión y problemáticas comunes a ambas localidades.

El intendente Sebastián Abella mantuvo un encuentro de trabajo con su par de Escobar, Ariel Sujarchuk, con quien dialogó sobre diferentes temas de gestión afines a dos localidades vecinas.

En esta reunión, de la que también participó el concejal Javier Rehl, los dos jefes comunales analizaron problemáticas comunes y cuestiones que involucran tanto a Campana como a Escobar, dos ciudades que, por ejemplo, integran el mismo Departamento Judicial.

Además, Abella y Sujarchuk evaluaron el desarrollo de la región, teniendo en cuenta que ambos distritos son parte del Consorcio Región Norte II.

Y más allá de pertenecer a dos espacios políticos diferentes, pero entendiendo que conducen Municipios con muchos puntos en común, los intendentes también analizaron la coyuntura política y económica actual y su impacto en la dinámica de ambas ciudades.

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