En adhesión a los reclamos en favor de las personas con discapacidad y los trabajadores del área, la edil impulsó un proyecto para que el Estado libere los fondos necesarios para abonar las terapias. También se solidarizó con quienes se movilizarán este miércoles en la plaza Eduardo Costa para pedir “No al ajuste en discapacidad”.

Por unanimidad y sobre tablas, el Concejo Deliberante aprobó el pasado jueves una resolución impulsada por la concejal de Juntos Karina Sala, que le solicita a la Superintendencia de Salud de la Nación que arbitre los medios necesarios para que las personas que trabajan en discapacidad cobren en tiempo y forma sus prestaciones.

Lo que la motorizó a la edil a impulsar este importante proyecto es en relación al reclamo de los prestadores por el atraso en el pago por parte del Gobierno Nacional a las obras sociales de lo facturado que, durante los días 29, 30 y 31 de agosto no brindaron sus prestaciones.

“Es fundamental que el Estado no corte la cadena de pagos y regularice el retraso que, en la gran mayoría, se remonta a mayo, es decir, 6 meses. Todo esto, en el marco de una economía con una inflación de, al menos 45% en los últimos meses, tiene un impacto totalmente negativo en los prestadores”, fundamentó Sala.

Siguiendo con esta línea, la concejal repudió esta decisión política del ministro de Economía, Sergio Massa, quien les advirtió a los sindicatos que sólo le transferiría $1.500 millones del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) hasta fin de año, para poder alcanzar la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional. Esto implica un recorte de $10.000 millones al área de salud que perjudica a los pagos de los servicios de alta complejidad, servicios de discapacidad y otras prestaciones.

“Este recorte es inadmisible porque afecta también a las personas con discapacidad y sus familias, porque los mismos están perdiendo las terapias que realizan, por lo cual necesitan una urgente solución”.

Además, argumentó que este pedido está enmarcado dentro de la Ley Nº 24.901, la Resolución 1048/2014 de la Superintendente de Servicios de Salud y de la Resolución 1200/2012 que crea el Sistema Único de Reintegro (SUR). Las tres normativas tienen como principal objetivo garantizar el acceso a la salud y tratamientos necesarios de las personas con salud.

MOVILIZACIÓN

La edil se solidarizó con los prestadores, familias y vecinos que, bajo el lema “No al ajuste en discapacidad” se concentrarán este miércoles a las 18 en la plaza Eduardo Costa para reclamar por el recorte que pretende hacer el Gobierno Nacional y para visibilizar la causa.