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La Cámara sobreseyó a Almirón

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En el marco de la causa que se desarrolla tras el envenenamiento de nuestro Secretario Adjunto con agua pesada del reactor nuclear en 2017, la Cámara Penal Federal de San Martín confirmó la inocencia de nuestro Tesorero, Ramón Almirón.

Exigimos inmediato reingreso de nuestros compañeros a sus puestos laborales habituales. Y exigimos inmediato ingreso a Planta para que puedan ejercer las actividades gremiales de nuestra organización sindical.

El sobreseimiento, que ya fuera decretado por el Juez Federal Adrián González Charvay, fue ratificado por la Sala I Secretaria Penal 3  de dicha Cámara Federal, lo cual confirma que toda imputación sobre el Cro. Ramón Almirón queda completamente sin efecto.

Como ya habíamos adelantado, de este modo se caen a pedazos todos las falsas hipótesis y argumentos direccionados con el sólo fin de inculpar y perseguir a los dirigentes sindicales en Nucleoeléctrica Argentina S. A. Esto confirma que no existen elementos obrantes en la causa, iniciada en el año 2017, que vinculen a Ramón Almirón con el delito que insólitamente se ha investigado y que, según dos instancias judiciales en el fuero federal, dictamina que  nada tuvo, ni tiene que ver con las denuncias que NASA ha realizado contra su persona.

Todo lo denunciado se enmarca en contexto de gravedad inusitada que venimos sufriendo como Institución Sindical, representantes gremiales y trabajadores, que comenzó en la anterior gestión del gobierno nacional, durante la Presidencia de Mauricio Macri, sucedió dentro de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Este gravísimo hecho ocurrió en las instalaciones de las Centrales Nucleares de Atucha I/II,  y llegó a tener una repercusión mediática, a nivel nacional e internacional. Como fue de público conocimiento el 9 de mayo del año 2017 nuestro Secretario Adjunto, Damián Straschenco, fue irradiado con agua pesada contaminada colocada en su botella personal. No obstante sufrir dicha irradiación, ser el damnificado y el denunciante, el Juez Federal no lo aceptó como querellante y encima lo culpó por lo acontecido, considerando que Almirón robó el material radiactivo y Straschenco lo bebió adrede.

Sí aceptó González Charvay a Nucleoeléctrica Argentina S.A. como querellante, tomando como única hipótesis de investigación a una Comisión de Asesores, formada por  funcionarios de la empresa, que en realidad deberían ser los que tuvieran que explicar cómo se llegó a envenenar a una persona con material radioactivo dentro de la Central Nuclear.

Considerando éstos hechos a comienzos de mayo del año 2017, y viendo el derrotero posterior que siguió la investigación judicial, podemos decir que se había decidido el comienzo a una feroz persecución sindical, hacia los trabajadores y dirigentes, entre ellos a Ramón Almirón y Gustavo Carriego, quien sólo participó de la causa como testigo, pero fue corrido de su lugar de trabajo, hasta el día de hoy.

A nuestro entender y como ya lo hemos manifestado, este hecho ocurrió en un marco de persecución de un gobierno que tenía como plan sistemático eliminar a todo aquel que se resistiera a la implementación de sus políticas de flexibilización, ya sea este un dirigente social, político o sindical.

En el ámbito de energía nuclear el gobierno anterior apuntaba a cancelar y llegar a desmantelar el Plan Nuclear, al demorar la construcción de nuevas Centrales Nucleares en la Argentina (algo que parcialmente logró), y que hoy vemos felizmente  reactivar.

Para lograrlo, debía correr a quienes lo defendíamos.

No nos parece una casualidad que esto haya sucedido por la misma fecha en la que se realizaron las grabaciones de una reunión del año 2017 donde se escucha a funcionarios de la AFI, autoridades del gobierno y empresarios, organizando el armado de causas contra dirigentes sindicales. La causa hoy conocida como Gestapo Antisindical.

Se trató de la misma fecha y el mismo año.

La ratificación del sobreseimiento de Almirón  por la Cámara Federal de San Martín, declarando su inocencia  a más de 4 años de sucedidos los hechos, no hace más que sostener que se había establecido un plan para ejecutar una persecución sindical en el amplio ámbito de nuestro país.

Por eso el Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate manifiesta que la persecución y la falta de libertad sindical se mantienen aún vigentes en NASA, porque a pesar de la inocencia de Ramón Almirón, hoy no se le permite el ingreso a la Centrales Atucha I/II, para cumplir con sus funciones gremiales.  

Que la persecución no se limita solo a éste compañero mencionado, que fuera falsamente imputado; sino que se extiende hacia el compañero Gustavo Carriego, que en ésta causa participa en calidad de testigo, que es parte de la Comisión Directiva de nuestro Sindicato, y a quién también se le impide el ingreso a Planta, sin ninguna causa que justifique esa decisión,  si no la de la persecución sindical.

Que estas maniobras realizadas son persecutorias y discriminatorias, avasallando la libertad sindical y los derechos de todos los trabajadores, y que se sostengan en un gobierno popular es avalar el accionar ilegal del Macrismo.

Seguir permitiendo acciones como éstas, de atentados, persecución y criminalización hacia dirigentes sindicales, se sigan llevando a cabo en tiempos de democracia es inadmisible. A días de conmemorarse el golpe genocida que nos robó la vida de miles de militantes gremiales, no queremos retroceder a los tiempos más oscuros de nuestra historia.

Exigimos el inmediato ingreso a la Planta de las Centrales Nucleares de Atucha I/II de los Cros. Dirigentes Ramón Almirón y Gustavo Carriego, para que puedan cumplir plenamente con sus funciones y ejercer dicha representatividad como dirigentes sindicales, para lo cual fueron elegidos.

COMISIÓN DIRECTIVA  SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE ZÁRATE

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“Hoy vuelvo a ser el Secretario Adjunto del Sindicato de Petroleros de Campana”

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Carlos Castillo aseguró que finalizó su suspensión, que está “en funciones plenas como dirigente sindical” y detalló las acciones legales que inició para reclamar la nulidad de la sanción y denunciar que la conducción del gremio incumplió con el Estatuto y avanzó con múltiples irregularidades.

Este miércoles, al cumplirse el plazo de la sanción que le impuso la Comisión Directiva, Carlos Castillo se presentó en la sede del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, pero no obtuvo ninguna respuesta: el edificio de la calle Moreno se encontraba cerrado y, según reveló, ninguno de sus llamados y mensajes fue respondido por el Secretario General, Daniel Ibarra.

En ese marco, Castillo brindó una conferencia de prensa en la que detalló las acciones legales que inició ante la Dirección de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo de la Nación para reclamar la nulidad de la sanción y denunciar que la conducción del gremio incumplió con el Estatuto y avanzó sobre su persona con múltiples irregularidades en diferentes procesos, incluyendo la elección de la Comisión Interna de la refinería Axion.

“Entiendo que les molesto a muchos, porque siempre trabajé por y para los trabajadores”, señaló Castillo, quien aseguró que la conducción del Sindicato “no tiene ningún tipo de pruebas” para justificar la suspensión de 70 días que se le impuso el pasado 5 de marzo.

Cumplido ese plazo, el Secretario Adjunto reclamó “el acceso a la sede para poder cumplir funciones plenas como dirigente sindical” y también exigió que el gremio realice “la notificación formal a todas las empresas de la zona de la finalización de su suspensión”, de la misma manera que lo habían hecho en marzo para informarla.

“Han actuado por fuera de todo marco legal, desconociendo el estatuto y realizando reuniones clandestinas. Pero yo hoy no tengo que pedirle permiso a nadie porque soy el Secretario Adjunto del Sindicato del Petróleo y Gas Privado”, enfatizó Castillo.

Además, también comentó que el gremio no convocó a la Asamblea Extraordinaria solicitada por un importante grupo de trabajadores que reunió firmas para ello.

Finalmente, también denunció acciones de “connivencia” entre el Secretario General y la compañía Pan American Energy para que su salario se vea afectado en más de un 30%. “Encima, casualmente, por supuestos problemas de la tecnología, no puedo descargar mi recibo de haberes”, agregó sobre esta situación que definió como de “persecución y hostigamiento”.

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Abella e intendentes PRO le reclamaron a Kicillof que cumpla con la ley y mande los fondos anunciados

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Se trata de una cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal, cuyo depósito todavía no ha sido efectivizado a Campana y los Municipios gobernados por el PRO. “En vez de hacer shows mediáticos, el gobernador debe cumplir con la Ley y gestionar para todos los bonaerenses”, señaló Abella.

El intendente Sebastián Abella, junto a otros intendentes bonaerenses del PRO, le reclamaron este martes al gobernador Axel Kicillof que cumpla con la Ley 15.480 y haga efectivo el pago de lo comprometido por la Provincia para con los 135 municipios en el artículo 32 de dicha norma.

Se trata de la segunda cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal (FFFM), que debió depositarse el pasado 30 de abril y que, en ciudades como Campana, todavía no ha sido efectivizada, a pesar de lo manifestado por el propio Kicillof en el acto que encabezó este lunes en La Plata. El dinero si fue depositado en comunas kirchneristas.

“En vez de hacer shows mediáticos, el gobernador debe cumplir con la Ley y gestionar para todos los bonaerenses, no solamente para aquellos que viven en distritos gobernados por su partido político”, señaló Abella.

“No es necesario concurrir a ningún acto político ni firmar ningún convenio para que se depositen los recursos comprometidos”, agregó el jefe comunal, quien cuestionó a Kicillof por “preocuparse más por la interna kirchnerista y los posicionamientos políticos partidarios que por los 135 municipios bonaerenses”.

El FFFM está determinado por la Ley 15.480, que establece la transferencia desde la Provincia hacia los Municipios de fondos no reintegrables y de libre disponibilidad a partir del Coeficiente Único de Distribución (CUD).

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Abella mantuvo un encuentro de trabajo con el intendente de Escobar

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El jefe comunal se reunió con Ariel Sujarchuk para analizar temas de gestión y problemáticas comunes a ambas localidades.

El intendente Sebastián Abella mantuvo un encuentro de trabajo con su par de Escobar, Ariel Sujarchuk, con quien dialogó sobre diferentes temas de gestión afines a dos localidades vecinas.

En esta reunión, de la que también participó el concejal Javier Rehl, los dos jefes comunales analizaron problemáticas comunes y cuestiones que involucran tanto a Campana como a Escobar, dos ciudades que, por ejemplo, integran el mismo Departamento Judicial.

Además, Abella y Sujarchuk evaluaron el desarrollo de la región, teniendo en cuenta que ambos distritos son parte del Consorcio Región Norte II.

Y más allá de pertenecer a dos espacios políticos diferentes, pero entendiendo que conducen Municipios con muchos puntos en común, los intendentes también analizaron la coyuntura política y económica actual y su impacto en la dinámica de ambas ciudades.

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