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El Gobierno lanzó “Registradas”, un programa que apunta a reducir la informalidad en el servicio doméstico

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El Estado nacional pagará una parte del sueldo de la trabajadora durante seis meses, mientras la parte empleadora deberá registrarla y pagar sus aportes, contribuciones, ART y el porcentaje del sueldo restante.

El gobierno nacional puso formalmente en marcha el Programa “Registradas”, que busca incentivar la registración de empleadas de casas particulares a través de distintos beneficios, entre los que se destaca el pago de hasta el 50 por ciento del salario de las nuevas trabajadoras durante un plazo de seis meses.

El anuncio se realizó este lunes al mediodía luego de que la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta; los ministros de Economía, Martín Guzmán y de Trabajo, Claudio Moroni; el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, y la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, mantuvieran una reunión con el presidente Alberto Fernández.

Según se explicó oficialmente, la inscripción al programa permanecerá abierta durante octubre, noviembre y diciembre a través del sitio web de la AFIP y se aclaró que, para el trabajador, el beneficio no es contradictorio con la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, el Progresar, el Potenciar Trabajo o la Tarjeta Alimentar.

La medida implica la transferencia por parte del Estado nacional de una suma por mes equivalente al 50 o 30 por ciento de la remuneración neta mensual declarada por el empleador al momento de la inscripción al programa.

En diálogo con la prensa acreditada en Casa Rosada, Gómez Alcorta recordó que la medida apunta a un sector “en el que una de cada cinco mujeres del país trabaja y donde cayó la contratación porque hubo un impacto muy fuerte durante la pandemia” de coronavirus.

La funcionaria señaló que el Estado nacional pagará una parte del sueldo de la trabajadora (por un monto de hasta 15.000 pesos) durante seis meses, mientras la parte empleadora deberá registrarla, pagar sus aportes, contribuciones, ART y el porcentaje del sueldo restante, siempre comprometiéndose “a mantener la ocupación durante cuatro meses más luego de concluir” el plazo del Programa, explicó.

Es “una medida progresiva que apunta a la clase media”ELIZABETH GÓMEZ ALCORTA
Tampoco se podrá despedir a una trabajadora registrada para volverla a contratar y el salario deberá depositarse obligatoriamente en una cuenta bancaria.

El aporte del Estado será de un 50 por ciento de la remuneración neta mensual mínima cuando “la parte empleadora tengan un ingreso bruto mensual inferior al 70 por ciento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias que actualmente es de 117.374 pesos”.En cambio, será de un 30 por ciento, cuando la parte empleadora cuente con un ingreso bruto mensual que esté comprendido entre el 70 y el 100 por ciento del mínimo no imponible.

Señaló Gómez Alcorta que, hasta ahora, los empleadores “sólo tenían como incentivo para la registración la deducción de los costos de Ganancias” y que, por ello, esta es “una medida progresiva que apunta a la clase media” que no es alcanzada por ese impuesto y “donde muchos, por el impacto de la pandemia, han tenido que restringir esas contrataciones”.

“Por eso nosotros queremos apoyar y dar un alivio a esas familias de clase median que en su organización al reactivarse la vida y de las actividades laborales y escolares, necesitan esos apoyos de la economía del cuidado”, subrayó Gómez Alcorta.

La reunión en la que Gómez Alcorta, Moroni y Marcó del Pont compartieron los alcances del programa con el presidente Alberto Fernández. La reunión en la que Gómez Alcorta, Moroni y Marcó del Pont compartieron los alcances del programa con el presidente Alberto Fernández.

Cómo acceder al programa

Para poder acceder a la política, la parte empleadora deberá percibir ingresos mensuales inferiores al mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, y será la responsable de afrontar el porcentaje restante del sueldo, los aportes, las contribuciones y de la cuota de la ART de la trabajadora inscripta o del trabajador inscripto, según se informó oficialmente.

En el caso de la trabajadora, deberá trabajar como mínimo 12 horas semanalesy podrá estar inscripta únicamente bajo la nómina de un empleador o empleadora.La medida se aplicará a aquellas relaciones laborales nuevas con personal de casas particulares, y el empleador o empleadora deberá mantener el puesto de trabajo los cuatro meses posteriores a la finalización del beneficio.

Cuando el empleador o empleadora dé el alta a la nueva trabajadora en la AFIP, el Estado creará una cuenta sueldo en el Banco de la Nación Argentina para ella y transferirá allí, de manera mensual, un porcentaje del salario neto declarado (30 o 50 por ciento según corresponda), por un monto de hasta 15.000 mensuales.

El porcentaje del sueldo que paga el Estado dependerá del ingreso mensual de las y los empleadores.

Además, para poder solicitarlo, durante los 12 meses anteriores a la entrada en vigencia del decreto, el empleador o empleadora debe haber percibido en promedio mensual ingresos brutos de cualquier naturaleza iguales o inferiores al mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, es decir 175 mil pesos.

“La pandemia ha sido desigualadora en todo el mundo, y ha afectado especialmente a la situación económica de las mujeres”MARTÍN GUZMÁN
Por su parte, Martín Guzmán resaltó la necesidad de la medida, al explicar que “la pandemia ha sido desigualadora en todo el mundo, y ha afectado especialmente a la situación económica de las mujeres”.

Frente a ese escenario, el ministro reivindicó “el rol activo del Estado” que “es fundamental para atacar estas desigualdades y el esquema de políticas públicas que venimos adoptando tiene como una de sus bases esa premisa”.

A su turno, Marcó del Pont dijo que se trata al mismo tiempo de “una política de ingresos, de formalización y de bancarización e inclusión financiera”, ya que “automáticamente una vez que se tenga un mes de recibo de sueldo el Banco Nación le va dar una tarjeta de crédito que va a tener un límite que se va a similar a un Salario Mínimo Vital y Móvil de hasta 32 mil pesos”.

Fuentes oficiales comentaron que el Gobierno nacional que sea un mínimo de 90.000 trabajadoras del servicio doméstico las que sean alcanzadas por el plan, y que la aspiración “de máxima” es recuperar los 300.000 empleos que se perdieron en la pandemia.

Fuente: Telam

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“Hoy vuelvo a ser el Secretario Adjunto del Sindicato de Petroleros de Campana”

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Carlos Castillo aseguró que finalizó su suspensión, que está “en funciones plenas como dirigente sindical” y detalló las acciones legales que inició para reclamar la nulidad de la sanción y denunciar que la conducción del gremio incumplió con el Estatuto y avanzó con múltiples irregularidades.

Este miércoles, al cumplirse el plazo de la sanción que le impuso la Comisión Directiva, Carlos Castillo se presentó en la sede del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, pero no obtuvo ninguna respuesta: el edificio de la calle Moreno se encontraba cerrado y, según reveló, ninguno de sus llamados y mensajes fue respondido por el Secretario General, Daniel Ibarra.

En ese marco, Castillo brindó una conferencia de prensa en la que detalló las acciones legales que inició ante la Dirección de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo de la Nación para reclamar la nulidad de la sanción y denunciar que la conducción del gremio incumplió con el Estatuto y avanzó sobre su persona con múltiples irregularidades en diferentes procesos, incluyendo la elección de la Comisión Interna de la refinería Axion.

“Entiendo que les molesto a muchos, porque siempre trabajé por y para los trabajadores”, señaló Castillo, quien aseguró que la conducción del Sindicato “no tiene ningún tipo de pruebas” para justificar la suspensión de 70 días que se le impuso el pasado 5 de marzo.

Cumplido ese plazo, el Secretario Adjunto reclamó “el acceso a la sede para poder cumplir funciones plenas como dirigente sindical” y también exigió que el gremio realice “la notificación formal a todas las empresas de la zona de la finalización de su suspensión”, de la misma manera que lo habían hecho en marzo para informarla.

“Han actuado por fuera de todo marco legal, desconociendo el estatuto y realizando reuniones clandestinas. Pero yo hoy no tengo que pedirle permiso a nadie porque soy el Secretario Adjunto del Sindicato del Petróleo y Gas Privado”, enfatizó Castillo.

Además, también comentó que el gremio no convocó a la Asamblea Extraordinaria solicitada por un importante grupo de trabajadores que reunió firmas para ello.

Finalmente, también denunció acciones de “connivencia” entre el Secretario General y la compañía Pan American Energy para que su salario se vea afectado en más de un 30%. “Encima, casualmente, por supuestos problemas de la tecnología, no puedo descargar mi recibo de haberes”, agregó sobre esta situación que definió como de “persecución y hostigamiento”.

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Abella e intendentes PRO le reclamaron a Kicillof que cumpla con la ley y mande los fondos anunciados

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Se trata de una cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal, cuyo depósito todavía no ha sido efectivizado a Campana y los Municipios gobernados por el PRO. “En vez de hacer shows mediáticos, el gobernador debe cumplir con la Ley y gestionar para todos los bonaerenses”, señaló Abella.

El intendente Sebastián Abella, junto a otros intendentes bonaerenses del PRO, le reclamaron este martes al gobernador Axel Kicillof que cumpla con la Ley 15.480 y haga efectivo el pago de lo comprometido por la Provincia para con los 135 municipios en el artículo 32 de dicha norma.

Se trata de la segunda cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal (FFFM), que debió depositarse el pasado 30 de abril y que, en ciudades como Campana, todavía no ha sido efectivizada, a pesar de lo manifestado por el propio Kicillof en el acto que encabezó este lunes en La Plata. El dinero si fue depositado en comunas kirchneristas.

“En vez de hacer shows mediáticos, el gobernador debe cumplir con la Ley y gestionar para todos los bonaerenses, no solamente para aquellos que viven en distritos gobernados por su partido político”, señaló Abella.

“No es necesario concurrir a ningún acto político ni firmar ningún convenio para que se depositen los recursos comprometidos”, agregó el jefe comunal, quien cuestionó a Kicillof por “preocuparse más por la interna kirchnerista y los posicionamientos políticos partidarios que por los 135 municipios bonaerenses”.

El FFFM está determinado por la Ley 15.480, que establece la transferencia desde la Provincia hacia los Municipios de fondos no reintegrables y de libre disponibilidad a partir del Coeficiente Único de Distribución (CUD).

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Abella mantuvo un encuentro de trabajo con el intendente de Escobar

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El jefe comunal se reunió con Ariel Sujarchuk para analizar temas de gestión y problemáticas comunes a ambas localidades.

El intendente Sebastián Abella mantuvo un encuentro de trabajo con su par de Escobar, Ariel Sujarchuk, con quien dialogó sobre diferentes temas de gestión afines a dos localidades vecinas.

En esta reunión, de la que también participó el concejal Javier Rehl, los dos jefes comunales analizaron problemáticas comunes y cuestiones que involucran tanto a Campana como a Escobar, dos ciudades que, por ejemplo, integran el mismo Departamento Judicial.

Además, Abella y Sujarchuk evaluaron el desarrollo de la región, teniendo en cuenta que ambos distritos son parte del Consorcio Región Norte II.

Y más allá de pertenecer a dos espacios políticos diferentes, pero entendiendo que conducen Municipios con muchos puntos en común, los intendentes también analizaron la coyuntura política y económica actual y su impacto en la dinámica de ambas ciudades.

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