La referente de Avanza Campana – Avanza Libertad, Adriana Pozzi, se refirió a la problemática de la violencia de género, y enumeró propuestas para combatirla desde el poder legislativo local.

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. La violencia de pareja se refiere a los comportamientos de la pareja o expareja que causan daño físico, sexual o psicológico, incluidas la agresión física, la coacción sexual, el maltrato psicológico y las conductas de control.

Por violencia sexual se entiende cualquier acto sexual, ya sea tentativa de consumar un acto sexual u otro dirigido contra la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de su relación con la víctima. Comprende la violación, definida como la penetración, mediante coerción física o de otra índole, de la vagina o el ano con el pene, otra parte del cuerpo o un objeto, el intento de violación, los tocamientos sexuales no deseados y otras formas de violencia sexual sin contacto.

En relación a esta problemática, Adriana Pozzi, 2° precandidata a concejal por Avanza Campana – Avanza Libertad, comentó que más de una cuarta parte de las mujeres de entre 15 y 49 años que han tenido una relación de pareja han sido objeto de violencia física y/o sexual de pareja al menos una vez en su vida, y que el confinamiento durante la pandemia de COVID-19 y sus repercusiones sociales y económicas han aumentado la exposición de las mujeres a parejas con comportamientos abusivos y a factores de riesgo conocidos, al tiempo que han limitado su acceso a diferentes servicios.

La militante liberal explicó además que los factores asociados con la violencia de pareja como con la violencia sexual son ‘’motivados por el bajo nivel de instrucción, además de la exposición al maltrato infantil’’. Asimismo, constituyen otros factores ‘’haber presenciado escenas de violencia familiar, padecer de trastorno de la personalidad antisocial, el uso nocivo del alcohol, tener comportamientos masculinos dañinos -como el tener múltiples parejas-, actitudes de aprobación de la violencia, las normas comunitarias que otorgan privilegios o una condición superior a los hombres respecto de las mujeres, como escaso acceso de la mujer a empleo remunerado y bajos niveles de igualdad de género.’’

Según Pozzi, esta situación también repercute sobre los niños ‘’crecer en familias en las que hay violencia les puede producir diversos trastornos conductuales y emocionales. Estos pueden asociarse también a la comisión o el padecimiento de actos de violencia en fases posteriores de su vida’’. Asimismo, la violencia de pareja también se ha asociado a mayores tasas de mortalidad y morbilidad en los lactantes y en los niños, por ejemplo, enfermedades diarreicas o malnutrición, o producidas por menores tasas de inmunización.

‘’Desde el sector de salud se puede trabajar en la prevención de la violencia contra la mujer, pero para esto se necesita un enfoque multisectorial que nos haga entender que la violencia contra la mujer es inaceptable, y que debe ser tratada como un problema de salud pública’’, señaló la docente, y agregó que ‘’es importante prevenir la recurrencia de la violencia mediante la detección temprana de mujeres y niños afectados por ella, y la prestación de cuidados, servicios de derivación y apoyo apropiados. Promover normas de género igualitarias como parte de las aptitudes para la vida y la incorporación de una educación integral sobre sexualidad en los planes de estudio dirigidos a los jóvenes. Mediante la realización de encuestas sobre la inclusión de la violencia contra la mujer, la demografía y salud, podremos generar acciones que funcionen sobre este problema.’’

Sobre la acción concreta contra esta problemática social que se puede realizar desde una banca del Concejo Deliberante, Pozzi señaló, a modo de cierre, que: ‘’podemos elaborar planes de preparación y respuesta que incluyan servicios básicos para las mujeres maltratadas, asignar recursos suficientes para los servicios a las víctimas, y buscar soluciones para que éstas puedan acceder a ellos, en particular en un contexto de restricción a la movilidad. Darle mayor preponderancia a la telemedicina, la salud digital o la tecnología móvil para que las víctimas puedan obtener apoyo y acceder a servicios más fácilmente, evitando siempre ponerlas en peligro. Ofrecer refugios específicos para mujeres que lo necesiten. Y, por último, las medidas de confinamiento no deben perjudicar a las mujeres si tienen que solicitar ayuda por motivos de violencia, por ejemplo, si necesitan ir al hospital o a la policía para denunciar una agresión’’.