“Estuvieron en la misma mesa, compartieron espacios políticos y acompañaron la construcción de este sector. Ahora tienen que explicar qué relación tienen con quienes están en el centro de una investigación”, reclamó la concejal de Juntos, Laura Barrios.

La concejal de Juntos por Campana, Laura Barrios, salió a cuestionar el silencio de la diputada Soledad Alonso y del presidente del PJ Campana, Carlos Ortega, frente a las fuertes denuncias de corrupción que involucran a la ex concejal y dirigente sindical María Soledad Calle y el financiamiento de la campaña de Alejo Sarna.

En los últimos días trascendió que Calle fue desvinculada de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) por el interventor, además de suspender preventivamente el convenio con USEM y avanzar una auditoría sobre la administración de fondos sindicales. La medida se conoció luego de que trascendiera que Calle adquirió un departamento en el edificio de San José 1111, donde actualmente cumple prisión domiciliaria la ex presidenta Cristina Kirchner, por un valor de US$189.000, además de propiedades en Campana por varios cientos de miles de dólares.

“Frente a todo esto, queremos saber que opinan Alonso y Ortega. No pueden hacerse los distraídos. Ellos compartieron espacios políticos con Calle, Furlán y Sarna y fueron parte de la construcción del mismo espacio que hoy pretende despegarse de estas situaciones. Sino son socios deberian condenar firmemente este caso de corrupción”, señaló la edil.

“Durante años se mostraron juntos, compartieron actos, reuniones y proyectos políticos. Ahora que aparecen investigaciones y decisiones de la intervención de la UOM, queremos saber si siguen pensando lo mismo y si siguen respaldando a quienes fueron sus socios políticos”, cuestionó Barrios.

El referente peronista Guillermo Varela se refirió a los hechos denunciados respecto a la administración fraudulenta de la UOM y aseguró que “si Sarna ya sabía que Calle y Furlán eran una asociación ilícita, debe pedir licencia a su banca en el Concejo Deliberante y declinar su precandidatura para 2027”.

El dirigente social y referente peronista local, Guillermo Varela, en dialogo con el programa “Algo Más que Noticias”, en Fm SIMPLE se manifestó sobre los hechos denunciados respecto a la administración fraudulenta de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) por parte de Abel Furlán y Soledad Calle.
Y se refirió especialmente al desvío de los aportes de los trabajadores metalúrgicos para financiar, entre otras actividades, las campañas políticas de Alejo Sarna en Campana.
“Si quiere al peronismo y le queda algo de dignidad, Sarna debería pedir licencia en el Concejo Deliberante hasta que se aclare su situación respecto a Calle y Furlán”, aseguró Varela.
“Y si tal como denunció en su momento, cuando estaban enfrentados, Sarna ya sabía que Calle y Furlán eran una asociación ilícita y después aceptó ser su candidato y ser financiado por esa asociación ilícita, debería renunciar a su banca y declinar cualquier otra intención política, como su precandidatura para 2027”, concluyó.

El Dr. Christian Fabio Fiscal General Departamental aclaró que la nueva Ley Penal Juvenil se encuentra vigente en todo el país.

Frente a distintas versiones e interpretaciones surgidas en los últimos días en torno a la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, el Fiscal General Departamental afirmó a este medio que la Ley Nacional N.º 27.801 se encuentra plenamente vigente desde el sábado 5 de septiembre en todo el territorio de la República Argentina.
La ley fue sancionada por el Congreso de la Nación el 27 de febrero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo.
Su artículo 52 estableció expresamente su entrada en vigencia a los 180 días de dicha publicación.
En ese sentido, el Fiscal General señaló que no debe confundirse la vigencia de la ley nacional con las dificultades, adecuaciones o necesidades operativas que puedan presentarse para su implementación en cada una de las jurisdicciones provinciales.
Asimismo, destacó que la aplicación del nuevo sistema “representa un importante desafío para los distintos operadores judiciales, particularmente en materia de especialización, recursos humanos, equipos interdisciplinarios e infraestructura, cuestiones que deberán ser abordadas para garantizar una adecuada implementación del régimen”.