La Comisión por la Memoria (CPM) señaló que, en 2020, 28 de las 178 muertes en cárceles fueron por Covid-19.

En 2020, 28 de las 178 muertes registradas en cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fueron por coronavirus. Por eso, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de mecanismo local de prevención de la tortura, pidió a los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Salud, como también a la Suprema Corte provincial, que se adopten “medidas urgentes” para mitigar el impacto de la segunda ola. Entre ellas, la vacunación de las personas detenidas.

A principios de mes, había 44.584 personas alojadas en cárceles bonaerenses. Las plazas penitenciarias existentes llegan a 20.804, lo que implica una superpoblación del 114%. Pero, además, hay cerca de 4.600 detenidos en comisarías.

El impacto del coronavirus en las cárceles también motivó una medida polémica el año pasado: la liberación de presos, varios de los cuales volvieron a cometer delitos, entre ellos homicidios que conmocionaron a la opinión pública.

De acuerdo a un informe publicado por Clarín el mes pasado, 168 detenidos en el sistema carcelario bonaerense lograron acceder a la prisión domiciliaria favorecidos por el instrumento que en los Tribunales se conoció como “fallo Violini”. Hoy nadie los controla.

En un comunicado, la CPM indicó que “como ya se reconoció el año pasado, las inhumanas condiciones de detención, sobrepoblación y hacinamiento extremo convierten a cárceles y comisarías en espacios propicios para la diseminación del virus”.

“Hoy las condiciones de vida son las mismas, los protocolos sanitarios no se cumplen de manera adecuada, los testeos casi inexistentes, el acceso a la salud es nulo o deficiente porque falta personal e insumos, y la vacunación de la población de riesgo en los lugares de encierro no se realizó”, añadió. El 3% de la población carcelaria tiene más de 60 años.

Mara (su nombre no es real) está alojada en la Unidad 33 de Los Hornos. Consultada por Clarín, dijo que “varias chicas están sacando hábeas corpus para que sus familias los presentan en los juzgados y nos hagan hisopados“.

“Estamos con síntomas y como no hay lugar para internación, nos medican con antibióticos. Pero queremos que nos mediquen como corresponde”, aseguró.

Según ella, en la Unidad 33 hay tres pabellones aislados y dos casos positivos, que estarían alojadas en los sectores conocidos como “buzones”. En la Unidad 8, ubicada en el mismo predio que la 33, los pabellones aislados son 3. Y los casos positivos, 3. También estarían en “buzones”, apartados del resto de la población.

“Acá hay embarazadas, nenes, bebés recién nacidos, pabellones aislados en los que vivían presas que dieron positivo y nadie nos hisopa, a pesar de que muchas tenemos síntomas”, se quejó.

Asimismo, remarcó: “La dirección permitió que ingresara su personal, para dar clases, talleres, deportes. Y ahora estamos varias con Covid. No nos protegieron, y ahora el ambiente está muy tenso. Hay gente con diabetes y todo tipo de enfermedades”.

La CPM también solicitó a la Corte bonaerense que instruya a los jueces con el fin de revisar la situación de las personas que se encuentran detenidas a su cargo, y son grupos de riesgo según las disposiciones de Ministerio de Salud, para las mujeres con hijos/as alojados/as con ellas y embarazadas y para personas mayores de 60 años en unidades penitenciarias, alcaidías o dependencias policiales.

Liberados por Covid

En Justicia estiman que hay 25.000 ciudadanos que pasaron en los últimos cinco años por alguna de las 55 cárceles bonaerenses y que recuperaron la libertad. Sólo en el primer trimestre de pandemia (marzo, abril y mayo de 2020) se dieron 9.158 altas. Esto incluye todos los motivos: cumplimiento de pena, excarcelación extraordinaria, libertado condicional, salida transitoria, prisión domiciliaria.

En abril -el mes del “fallo Violini”- fueron 3.067. En mayo, cuando la Corte puso límite a los alcances del dictamen, fueron 2.516. Y en junio de 2020 salieron 2.351 personas que estuvieron en algún pabellón penitenciario.

La resolución del camarista argumentó “razones humanitarias“, cuando la pandemia comenzaba a invadir la Argentina. Se buscaba evitar el colapso sanitario en las unidades penitenciarias de Buenos Aires.

El SPB, el ministerio de Justicia y el ministerio de Salud no tienen “consolidado” el número total de infectados entre los detenidos desde la llegada de la peste a la provincia.

Datos extraoficiales contaban 220 en los primeros siete meses, hasta el pico de la primera ola de contagios en el país. Y otros 80 en el último trimestre de 2020 y los primeros meses de 2021.

El primer caso positivo del país fue en la Unidad 23 de Florencio Varela. El 20 de abril de 2020 hubo una violenta protesta, ante el temor de que la pandemia se propagara intramuros. Todo terminó con un detenido muerto por el disparo de una guardiacárcel. Federico Rey tenía 23 años.

El cuerpo del preso Federico Rey, en el techo de la Unidad Penal 23 de Florencio Varela.

EMJ

Fuente: Clarin.com