Fue a través de un proyecto de resolución a raíz del escándalo vinculado a la campaña de vacunación que derivó en el pedido de renuncia del presidente Alberto Fernández al ministro de Salud de la Nación, Ginés Gonzáles García.
Los concejales de Juntos por el Cambio elaboraron un proyecto de resolución que repudia los “privilegios y favoritismo” del kirchnerismo en aplicar vacunas contra el Covid-19 a funcionarios públicos y sus amigos ignorando la inscripción previa y los criterios de prioridad.
En el documento, que fue firmado por los ediles Christian Amaya, Karina Sala y Ángela Medina con el acompañamiento de su par, Luis Gómez y la presidenta del HCD, Marina Casaretto, también se adhieren al proyecto de Ley ingresado en la Cámara de Diputados bonaerense que busca crear el Registro Provincial de Vacunados Covid-19.
La iniciativa fue motorizada por las crecientes denuncias públicas referidas al desmanejo en la aplicación de las dosis en algunas jurisdicciones y frente a la necesidad de dar certezas a la ciudadanía.
“Es fundamental que el Gobierno Provincial brinde los datos de las personas que ya recibieron las unidades correspondientes a fin de hacer respetar y controlar que las vacunas se apliquen a las personas con prioridades establecidas según el grupo de riesgo y etario en el que se encuentran”, enfatizaron.
Además, consideraron como “muy necesario” que se tenga en cuenta que este criterio de grupos de riesgo se ha fijado por cuestiones epidemiológicas y en virtud de la mayor tasa de mortalidad y contagiosidad por el virus desde que comenzó su circulación.
“Un manejo irregular o discrecional de la aplicación de las dosis no solamente muestra la mezquindad, miseria, corrupción y desigualdad, sino que también se ignora el consenso social que se ha logrado al definir los grupos de riesgo que deben ser protegidos con prioridad”, sostuvieron.
Por otra parte, cuestionaron el “favoritismo” para vacunar a determinadas personas y aseguraron que se trata de “un insulto para aquellas personas consideradas realmente esenciales como el personal de la salud, fuerzas de seguridad, docentes y también a aquellas que poseen patologías previas que aún esperan su turno para ser vacunados”.
Hacia el final, afirmaron que “este escándalo de las vacunas VIP pone en tela de juicio la transparencia al programa de vacunación general para toda la población”.
