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Ruta del dinero K: condenaron al empresario Lázaro Báez a 12 años de cárcel por lavado de dinero

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Lo decidió el Tribunal Oral Federal 4. También fueron condenados Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín, Martín Báez y Leonardo Fariña, entre otros. El juicio arrancó en octubre de 2018 y tuvo un total de 27 imputados. El empresario K estaba acusado de montar una maniobra para lavar más de USD 55 millones. La sentencia se postergó dos semanas por diferencias entre los jueces

Fin del misterio: el empresario Lázaro Báez fue condenado hoy a 12 años de cárcel por la maniobra de lavado de dinero de casi USD 55 millones que se conoce como “la ruta del dinero K”. También fueron condenados sus cuatro hijos. Martín, el único que permanece detenido en una cárcel, recibió una pena de 9 años.

Luego de largas discusiones, el tribunal no reveló durante la sentencia cuál es el delito precedente que se tomó en cuenta a la hora de acreditar la maniobra de lavado de dinero. No es un tema menor: el fiscal Abel Córdoba había hablado de la causa de la obra pública, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales acusadas, y de la evasión fiscal. “Si los jueces dicen que el dinero de Báez venía de la obra pública, la complican seriamente a Cristina”, graficó una fuente judicial antes del veredicto.

La omisión sobre el delito precedente surgió de un acuerdo entre los jueces, pero Infobae pudo saber que dos de los magistrados, Néstor Costabel, Adriana Palliotti, votaron por tener en cuenta tanto la obra pública como la evasión. En cambio, López Iníguez fue solo del delito tributario.

Las diferencias previas entre los jueces, que obligaron a postergar la sentencia dos semanas, finalmente quedaron expuestas: el presidente del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, tuvo que leer, al final del veredicto, cada una de las disidencias por los montos y las calificaciones de las penas.

La pena para Báez fue la misma que había pedido la Fiscalía. Pese al cambio de gobierno, las querellas que representan al Ejecutivo también habían solicitado penas muy altas para el principal responsable: 8 años y 6 meses, la Oficina Anticorrupción; 9 años, la Unidad de Información Financiera (UIF); y 8 años, la AFIP.

Luego de casi dos años y medio de juicio, el Tribunal Oral Federal 4 -integrado por los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti- también condenó al abogado Jorge Chueco y al contador Daniel Pérez Gadin. Ambos recibieron una pena de ocho años de cárcel.

Desde el punto de vista patrimonial, el tribunal ordenó el decomiso de USD 54.872.866,69 por la maniobra de lavado general y USD 5.000.000 por la compra del campo “El Carrizalejo”, en la provincia de Mendoza (conocido como el hecho B). Además, impuso a las firmas Austral Construcciones, Top Air S.A., OACI S.A. y Real Estate Investment Fiduciaria S.A. una multa por el doble de las operaciones en que intervinieron. En el caso de Helvetic Services Group, se ordenó la cancelación de la personería jurídica, y una multa correspondiente a siete veces el monto de las operaciones.

Todas las condenas y absoluciones

1) Lázaro Antonio Báez, 12 años

2) Jorge Oscar Chueco, 8 años

3) Daniel Rodolfo Pérez Gadín, 8 años

4) Jorge Leonardo Fariña, 5 años

5) Martín Antonio Báez, 9 años

6) Leandro Antonio Báez, 5 años

7) Melina Soledad Báez, 3 años

8) Luciana Sabrina Báez, 3 años

9) Walter A. Zanzot, 5 años

10) Julio Enrique Mendoza, 6 años

11) Claudio Bustos, 4 años y 6 meses

12) Eduardo César Larrea (absuelto)

13) Walter Santiago Carradori (absuelto)

14) Fabián Virgilio Rossi, 5 años

15) Federico Elaskar, 4 años y 6 meses

16) Juan Carlos Molinari, 4 años y 6 meses

17) Mario Lisandro Acevedo Fernández, (absuelto)

18) Daniel Alejandro Bryn, 3 años

19) Juan Ignacio Pisano Costa, 2 años y 6 meses.

20) Sebastián Ariel Pérez Gadín (absuelto)

21) Alejandro Ons Costa, 4 años

22) César Gustavo Fernández, 5 años

23) Jorge N. Cerrota, 2 años y 6 meses.

24) Christian Martín Delli Quadri (absuelto)

25) Eduardo Guillermo Castro, 5 años

26) Martín Andrés Eraso, 4 años y 6 meses

27) Juan Alberto De Rasis, 6 añosinfobae-image

La investigación judicial comenzó en abril de 2013, por ese entonces a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Guillermo Marijuán, a partir de un informe del programa Periodismo para Todos (PPT) y apuntó a la red de cuentas bancarias abiertas en el exterior y la maniobra, mediante la compra de bonos, para reingresar el dinero a la Argentina, justo cuando Báez necesitaba capitalizar su empresa para poder quedarse con la construcción de dos represas en Santa Cruz. Se trata de una causa con implicancias políticas por la cercanía del empresario con la familia Kirchner.

Durante el juicio también se debatió el traslado de dinero en los aviones privados de Báez desde el Sur hasta Buenos Aires, y la compra del campo “El Carrizalejo”. El otro campo, conocido como “El Entrevero”, quedó al margen en otro juicio.

La jornada de este miércoles arrancó con las últimas palabras de Martín Andrés Eraso y Juan Alberto De Rasis, dos ex empleados del banco suizo Lombard Odier que participaron de las maniobras para mandar a ese país parte del dinero del Grupo Austral. Luego, el presidente del tribunal, Néstor Costabel, ordenó un cuarto intermedio hasta las 13.30 horas.

Pasaron dos años y casi cuatro meses desde la primera audiencia. En todo ese tiempo declararon casi 100 testigos, renunciaron abogados, se sumaron dos imputados al juicio, y salieron de la cárcel los tres principales acusados: Lázaro Báez, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín.

El empresario K amagó varias veces con revelar sus secretos, pero terminó elogiando a su amigo Néstor Kirchner. Hoy el único detenido en la causa es el hijo mayor de Báez, Martín, que sigue con prisión preventiva hasta la primer semana de marzo.

El Tribunal Oral Federal 4 iba a dar a conocer la sentencia hace dos semanas pero de manera sorpresiva lo postergó para hoy, generando una catarata de especulaciones.

Luego de largas discusiones, el tribunal finalmente no expuso en el veredicto cuál es el delito precedente que se tomó en cuenta a la hora de acreditar la maniobra de lavado de dinero.

Durante su alegato, el fiscal Abel Córdoba había hablado de la defraudación mediante la obra pública, que se juzga en la causa de Vialidad -donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales imputadas- y la evasión impositiva de Austral Construcciones, que todavía se investiga en los tribunales de Bahía Blanca y de la Capital Federal. Las tres querellas, con algunas diferencias, coincidieron en esos delitos.\

“Si los jueces dicen que el dinero de Báez venía de la obra pública la complican seriamente a Cristina”, graficó una fuente judicial antes del veredicto. Otro escenario posible era apoyarse solo en la evasión. En ese caso, asoma otro debate jurídico de fondo. “Está muy discutido si el delito de evasión puede ser un delito precedente porque el Estado otorga moratorias. De hecho, Austral está en una moratoria y la está pagando”, explicó uno de los principales abogados de la causa antes de la sentencia.fiscal Abel Córdobafiscal Abel Córdoba

Durante los alegatos, la defensa de Báez denunció “una operación de inteligencia estatal y paraestatal, con participación de todos los medios de comunicación”. El abogado de Báez, Juan Martín Villanueva, sostuvo que “la causa tiene un objetivo político” y repasó varias tapas de diarios para concluir que “se buscó involucrar a la ex presidenta” Cristina Kirchner en la causa.

La defensa del empresario, en conjunto con otros abogados, también intentó voltear el testimonio de Leonardo Fariña, el arrepentido que cambió el curso de la investigación. Pero el fiscal y las tres querellas derrumbaron esa estrategia. En diciembre pasado, Córdoba aludió al fallo de la Cámara de Casación que ratificó la constitucionalidad de la ley del arrepentido. “La declaración de Fariña reunió los recaudos de la ley del arrepentido. El juicio está concluyendo, cualquier duda sobre el acuerdo se actualizó ante el tribunal. Fariña declaró durante cuatro audiencias”, sostuvo en ese momento.

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El juicio arrancó el 30 de octubre de 2018 con 25 imputados, pero terminó con 27. En mayo de 2019, el TOF 4 decidió sumar a Martín Andrés Eraso y Juan Alberto De Rasis.

Estaba previsto que el juicio dure un año, pero la cantidad de imputados y testigos demoró el desarrollo. Luego vino la cuarentena y las idas y vueltas por el sistema remoto. El debate recién se retomó el 21 de julio del año pasado, con el alegato de la Oficina Anticorrupción (OA).Báez siguió la última audiencia desde la casa “secreta” donde cumple la prisión domiciliaria desde septiembre, cuando el TOF 4 le otorgó ese beneficio por una orden concreta de la Cámara de Casación. El empresario primero intentó vivir en el country Ayres del Pilar, pero los vecinos no lo dejaron entrar. Luego del escándalo, fue trasladado a una casa, donde tiene custodia permanente.

Recién sobre el final del juicio, el empresario intentó desligar a todos sus hijos. “Lazaro tomaba las decisiones junto con sus colaboradores y no con sus hijos”, dijo su abogado. No alcanzó.

Báez seguirá cumpliendo con la prisión domiciliaria, mientras se definen las apelaciones. Pero la historia no termina. El empresario está participando del juicio de Vialidad y tiene varios procesos pendientes.

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La concejal Sala le reclamó a Provincia la actualización de fondos para infraestructura, seguridad y SAE

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El HCD aprobó un proyecto de resolución impulsado por la edil de Juntos motorizada por la gran preocupación que genera la crisis económica que afecta tanto a las obras que ya están en curso como a las que se programaron para este año.

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) aprobó un proyecto de resolución impulsado por la concejal de Juntos Karina Sala que le solicita al gobierno Provincial de Kicillof que actualice los fondos para infraestructura, seguridad y del Servicio Alimentario Escolar.

El proyecto surgió a raíz de la enorme preocupación que genera la realidad económica del país de la cual el Municipio no es ajeno a las consecuencias del aumento constante de insumos “afectando así a las obras ya en curso y a las que se han programado para este año”.

En este sentido, Sala fundamentó que cuando se determinaron los montos se preveía una inflación anual de 30% y que en la actualidad los índices mensuales que se vienen dando no bajan del 80%, generando una falta de financiación real tanto sea en obras, como en los fondos afectados a seguridad o al SAE.

“Es muy importante que el gobierno de Kicillof tome cartas en el asunto ante el gran desfinanciamiento que genera la alta inflación lo que evita que el Municipio pueda cumplir las metas oportunamente establecidas”, manifestó la concejal de raíces radicales.

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UCR: “nos estamos preparando para 2023”

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Dirigentes radicales del Comité UCR de Zárate, Lima y Escalada estuvieron presentes en el foro de legisladores que organizó el Comité provincial encabezado por su presidente Maxi Abad.

La UCR bonaerense mostró territorialidad, representatividad institucional y vocación de poder en el primer foro de legisladores radicales.

Todos los participantes de dicho foro explicaron que lo vivido en La Plata superó todas las expectativas. Se recurrió a la Facultad de Derecho para albergar a 650 concejales, consejeros escolares, legisladores nacionales y provinciales, y a los dirigentes de una UCR Buenos Aires que, como acostumbra a describir Abad, demostró que cada día tiene más “musculatura”.

Durante el evento el presidente del Comité provincial, Maxi Abad, expresó, “Hoy ratificamos nuestro compromiso con la UCR, un partido que ha defendido la República, el federalismo, la libertad y la igualdad como banderas centrales de nuestra militancia”.

Al tiempo que Abad se refirió al actual gobierno del frente de Todos y puntualizó que “no sabemos cuál es el modelo energético, educativo, industrial, de soberanía. No sabemos cuál es el modelo de desarrollo nacional. Hay que ocuparse más de la gente y menos de los dirigentes. Frente a esta realidad, estamos construyendo un partido y recuperamos centralidad, construimos musculatura, tenemos relevo generacional y una usina de ideas”.

Finalmente solicitó “construir una agenda en sintonía con las demandas sociales, estar cerca de los vecinos y dar expectativa de futuro”, y aplicar la “vocación militante, volver al territorio a hacer radicalismo con comités de puertas abiertas”.

Por otra parte, la dirigente provincial, Sandra Paris, luego del foro remarcó, “Seguimos trabajando para gobernar y ser protagonistas en cada municipio, la Provincia y el País”, y enfatizó, “ya lo comenté en notas anteriores, es momento de los proyectos no de las personas, nuestro país necesita una luz de esperanza”.

“Por este motivo en el primer foro de legisladores radicales reafirmamos nuestro compromiso de construir las bases de ser la mejor alternativa para la Argentina que viene”, finalizó la dirigente provincial, Paris, quien se encuentra acompañando muy de cerca al presidente del Comité UCR provincial, Maxi Abad.

Zárate, Lima y Escalada estuvieron representados por el concejal Norberto Toncovich, los dirigentes María Elena Gallea, Jeremías Conti, Leandro Luna, Silvina Román, Daiana Ríos, Facundo Scruglie, Fabio Pineda, Ileana Allita y Raúl Castaño.

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Juntos: “El Frente de Todos no dejó tratar el congelamiento de sueldos politicos y el recorte al intendente”

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“Cuando tienen que defender sus intereses se juntan todos, como en este caso, alejados de la vida real de los zarateños de trabajo. Nuestra propuesta es sencilla y racional, congelar el salario político, recortar la remuneración del intendente. Usan al Concejo Deliberante con su mayoría para cuidar sus privilegios” dijo el concejal Marcelo Pastore.

A su vez, el edil Marcelo Matzkin contó a los medios que “Esta vez el Frente de Todos, todos unidos decidieron dar la espalda a lo que nos piden los vecinos y a lo que creemos que es atinado para este momento historico en nuestro país, donde todos tenemos que hacer el esfuerzo para reducir el gasto.”

“Sino el ajuste lo llevan los de siempre, una familia va al supermercado y tiene que ajustar su bolsillo, lo mismo ahora con cualquier rubro de la economía, es hora que la política haga el ajuste” finalizó diciendo la concejal Natalia Blanco, jefa de bloque, quien propuso la moción de votar el proyecto.

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