La reglamentación salió a medias y la secretaría de Comercio deberá emitir dictámenes complementarias en 90 días. En el Gobierno aseguran que la implementación será gradual
La Ley de Góndolas sancionada en febrero de este año ya tiene su reglamentación, pero a medias. El decreto 991 publicado ayer en el Boletín oficial definió algunos puntos de la norma, pero faltó uno esencial para saber cómo quedarán reorganizados los espacios en los supermercados una vez que comience efectivamente a aplicarse: la definición de las categorías.
Además, se dispuso que la autoridad de aplicación será la Secretaría de Comercio, que depende de Desarollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas. Ese organismo deberá dar a conocer normas reglamentarias complementarias durante los próximos 90 días, y luego ofrecer un plazo de tiempo a las cadenas y proveedores para poder adaptar las superficies a las nuevas condiciones. En definitiva, su puesta en marcha recién quedará para el primer trimestre de 2021. La pregunta que se hacen en las empresas es por qué salió ahora este decreto, cuando todavía faltan definir muchos puntos. Dudan si será usado como mecanismo de presión para lograr mayor éxito en el programa Precios cuidados ampliado que prepara el Gobierno para enero? Por ahora, predomina la incertidumbre en el mundo del consumo masivo.
Uno de los puntos clave de la Ley es que establece un máximo del 30% del espacio de venta físico o virtual para una categoría de producto por proveedor; exige que haya al menos cinco proveedores de distintos grupos empresarios y que las micro y pequeñas empresas cuenten con al menos un 25% del espacio de venta por cada categoría de productos. También prevé que las cooperativas, mutuales, empresas de la agricultura familiar y economía popular tengan al menos un 5% de espacio.
Lo que las empresas esperaban de la reglamentación que salió ayer es justamente la definición de las categorías. Cuanto más amplia sea, mejor posicionadas quedan las empresas y menos restringidas quedarían para ofrecer sus productos en góndola como hasta ahora. Es uno de los planteos que habían realizado desde el sector empresario; de hecho, hasta enviaron diversas propuestas en este sentido. De lo contrario, la reposición de determinados productos de alta demanda debería ser alta, con los costos que ello implicaría y su posible traslado a los precios.
La exigencia de que por cada categoría haya un 25% de la góndola ocupada por empresas pymes también genera preocupación, ya que desde los supermercados advierten que no es tan sencillo conseguir firmas que tengan buenos productos y cumplan con todos los requisitos que implica venderle a una gran cadena.
“Muchas veces la pyme hace un buen producto, pero tiene problemas logísticos y de distribución, o de estándares de calidad y condiciones de empleo. Además, tampoco es cierto que las pymes tengan precios más baratos. Muchas veces es al revés por un tema de escala”, dijo una fuente del sector del supermercadismo.
De todas maneras, fuentes oficiales consultadas por Infobae aclararon que la implementación, una vez que salgan las reglamentaciones complementarias, “será gradual, en la medida en que haya oferta y proveedores que puedan abastecer las góndolas”. “Esta condición requiere un trabajo conjunto de todos los organismos involucrados en la promoción de las pequeñas, micro y empresas de la economía social y familiar, porque hay que desarrollar, en paralelo con la implementación de la Ley de Góndolas, las políticas que estimulen que este tipo de empresas produzcan más y mejor, y que cumplan las condiciones de certificaciones que implica ingresar a una gran cadena”, afirmaron desde Desarrollo Productivo.
En el Gobierno saben que el proceso llevará tiempo, pero apuntarán a que las empresas micro, pequeñas de la economía social y familiar que ya pueden vender en grandes cadenas y que no lo hacen “por la presión de los grandes jugadores del mercado”, puedan hacerlo.
Si bien las grandes cadenas han avanzado en los últimos años en la incorporación de proveedores pymes, no hay pequeñas empresas en todas las categorías. Por eso, comenzará ahora un trabajo intenso de búsqueda por parte de las áreas comerciales de los súper. Según precisaron las fuentes oficiales, para comenzar a implementar la Ley de Góndolas primero se debe definir las góndolas para establecer los porcentajes y los proveedores, y luego se debe crear un registro de proveedores, lo que se realizará mediante resoluciones de Comercio.
“En lo inmediato, beneficiará a las empresas micro, pequeñas y de la economía social y familiar que están en funcionamiento y que ya cumplen las condiciones para participar en las góndolas de las grandes superficies, y a largo plazo promoverá que esté tipo de empresas vayan adoptando todas las medidas que requieren para producir y certificar su producción para ingresar en los supermercados”, dijeron en la cartera que dirige Kulfas.
Para su implementación, Comercio deberá elaborar un listado actualizado con la totalidad de los productos alcanzados por la ley, agrupados por categorías de acuerdo a los diversos formatos de espacios de ventas. Este listado será publicado y actualizado en la web oficial para que pueda ser consultado libremente.
La secretaría también dispondrá los requisitos de señalización de los congeladores exclusivos o los exhibidores patrocinados para que estén claramente identificados y diferenciados de las góndolas o locaciones virtuales, para prevenir la confusión de los consumidores. Asimismo, aquellos productos que se comercialicen bajo un programa acordado con el Estado, como por ejemplo Precios Cuidados, tendrán criterios específicos de exhibición que deberá elaborar la cartera.
Respecto de los plazos de pago, la ley otorga un máximo de 60 días para que los grandes supermercados abonen a las micro y pequeñas empresas y de 40 días cuando se trate de emprendimiento de la economía campesina, agricultura familiar, cooperativas y mutuales. En ese sentido, la reglamentación establece que esas condiciones deberán acordarse por escrito entre las partes y computarse a partir de la entrega de la mercadería por parte del proveedor o de la proveedora, según el comunicado de prensa enviado por Desarrollo Productivo.
Además, no se podrán establecer plazos y modalidades de pago preferenciales, con fines exclusorios o inequitativos entre los distintos proveedores o las distintas proveedoras. También, se exige el trato igualitario en las condiciones en los descuentos, bonificaciones, reposición, transporte, abastecimiento, logística y devoluciones.
Si bien la industria y las cadenas ya habían recibido un borrador con la reglamentación de la norma, no dejó de sorprender en el ámbito empresario que el Gobierno avance con esta implementación en un contexto de fuerte malestar con las compañías producto del congelamiento de precios. El comentario generalizado ayer en el chat grupal de Copal, que reúne a las empresas de alimentos y bebidas, fue que la reglamentación le da toda la autoridad a la Secretaría de Comercio, con los condicionamientos que ello puede tener con otras negociaciones en curso, por ejemplo, Precios Cuidados 2021.
“Con esta norma sólo regulan el 30% de los productos. Y lo único que hacen es darle más incentivos a los proveedores a volcar más ventas al canal tradicional”, dijeron en un supermercado.
Fuente: Infobae.com
