Las concejales de Juntos por el Cambio impulsan declarar beneplácito el proyecto que busca modificar la Ley Orgánica que impide presentarse a cargos electivos a quienes tengan condena privativa de la libertad.
Las concejales de Juntos por el Cambio, Karina Sala y Romina Buzzini, presentaron un proyecto de resolución en el que se expresa el beneplácito ante el proyecto de ley de los senadores del mismo espacio político, que plantea la modificación de la Ley Orgánica.
A partir de esta medida, se busca incorporar en los partidos políticos y agrupaciones municipales laprohibición de presentarse a cargos públicos electivos a quienes tengan una condena privativa de la libertadpor delitos cometidos contra la administración pública, el orden económico y financiero, la vida, la integridad sexual, el estado civil y la libertad, acorde a lo previsto por el Código Penal de la Nación.
Asimismo, los partidos políticos, agrupaciones municipales, federación o aquellas alianzas transitorias constituidas a los fines de participar en las elecciones, deberán modificar sus cartas orgánicas, actas constitutivas y reglamentos, garantizando que aquellas personas que pretendan postularse a cargos públicos electivos no se encuentren alcanzadas por dichos supuestos.
“De esta manera, se busca determinar que no podrán postular a cargos partidarios aquellas personas condenadas a penas privativas de la libertad, que cuenten con sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia, aunque la misma se encontrare recurrida”, explicaron las ediles.
Siguiendo con esta línea, manifestaron que “nuestra realidad política requiere adaptaciones dinámicas frente a situaciones que la vida cívica democrática enfrenta”.
Asimismo, remarcaron que Argentina se ha adherido a la Convención Interamericana contra la corrupción por Ley Nacional 24.759, cuyo propósito es el de “Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.
“Esto implica comprometerse a considerar la aplicabilidad de medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas orientadas a prevenir conflictos de intereses”, concluyeron Sala y Buzzini.
