La emergencia no es de Transporte, si de los trabajadores

  • 04 Enero, 2018
  • Publicado en Gacetillas
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Luego de una sesión a puertas cerradas en el mes de agosto, y tras un accidentado primer intento, el Concejo Deliberante aprobó con 11 votos el expediente que faculta a Zárate Transporte SAPEM, un ente supuestamente mixto estatal privado, a suscribir al contrato básico de concesión del servicio de transporte público de pasajeros.

Se abrió una licitación para seleccionar una empresa que explote el servicio de transporte público de pasajeros en Zárate. Llegado el plazo la única oferente fue la “cooperativa” 3 de Julio que ya presta servicio. Todo hacía suponer la llegada de Cirigliano con toda su carga responsable en la tragedia de Once, o de la Plus con su impronta monopólica. La extensión de la fecha de oferta lleva a pensar que la 3 de julio no es la preferida del municipio para seguir con el servicio.
Si bien puede haber alguna deficiencia en el servicio de transporte, no ameritaba una emergencia que habilitara la llegada de un privado, ni el reemplazo total de una empresa, sino completar recorridos con otra prestataria.
Un privado o una cooperativa?
La 3 de Julio no funciona como cooperativa completamente, sin entrar en detalle de los límites de este tipo de asociación. Un consejo de administración decide los salarios, aguinaldos y si hubiese despidos (que los hubo) deben votarse entre la totalidad de los socios o “dueños”.
Los choferes trabajan cerca de 16 horas para llegar a una suma de $5000 por semana, sin obra social y sin aportes previsionales, son monotributistas. El monotributo es la modalidad que el gobierno incluye en la reforma laboral como una forma de “blanquear” el trabajo precario. En esto, la Cooperativa y el municipio comparten una modalidad de contratación ya que el Estado, en vez de combatir la precariedad laboral la fomenta con este tipo de contratos.
La sobrecarga horaria de los conductores hace pensar que hacen falta al menos unos 30 choferes más que deberían sumarse al plantel aproximado de 70 trabajadores.
La cooperativa de transporte recibe subsidio estatal y la llegada de un privado, generaría un “ahorro” a la provincia que evitaría continuar pagándolo y el municipio lo abonaría a la prestataria en forma de canon por servicio y se sumaría al presupuesto municipal, que ya conoce de transferir fondos a proyectos sin priorizar.
De concretarse la licitación o no del servicio de transporte, deben mejorarse las condiciones de trabajo de los choferes y personal de mantenimiento. Debe ajustarse su salario al convenio del ramo. Adecuar el horario a 7:40 u 8 horas, con aportes previsionales y obra social incluída. Además debe permitirse la organización sindical, bregando por la independencia de esta organización respecto a la burocracia de UTA, que a contramano de su base, ha abandonado la lucha contra todo ajuste y de hecho se ausentó de las movilizaciones contra la reforma previsional los últimos 14 y 18 de diciembre 17.
Entre el negociado municipal y la cooperativa, los trabajadores
Debe terminarse el tironeo entre un modelo autoexplotador como la cooperativa y el entramado de una ente mixto como la SAPEM. Para solucionar las falencias en transporte y facilitar el acceso de los vecinos a un servicio de calidad y regularidad, que llegue a las localidades aledañas como Lima y Escalada, este debe ser controlado por los trabajadores, con libros contables y recorridos abiertos a la comunidad.